La Fiscalía de Barcelona investiga el nombramiento de Oriol Sagrera como consejero delegado del Circuito de Cataluña

La Fiscalía de Barcelona ha iniciado una investigación formal sobre la designación de Oriol Sagrera, quien fuera secretario general del Departamento de Empresa durante el mandato de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), como consejero delegado del Circuito de Cataluña. El procedimiento se fundamenta en un informe remitido por la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) que señala la existencia de presuntas irregularidades en su proceso de nombramiento.

La investigación, cuya existencia ha sido confirmada por fuentes del ministerio público tras una información adelantada por medios locales, analiza el encaje legal de la incorporación de Sagrera a la entidad gestora. El caso se remonta a abril de 2024, cuando el Gobierno autonómico presidido por Pere Aragonès autorizó que la empresa pública Circuits de Catalunya cediera la explotación del trazado de Montmeló a Fira Circuit, una sociedad participada íntegramente por la Fira de Barcelona.

Bajo la presidencia del entonces consejero de Empresa, Roger Torrent, se articuló el traspaso de la gestión de la infraestructura. Tras la toma de posesión del nuevo Ejecutivo catalán, Fira Circuit designó a Sagrera como su consejero delegado. Este movimiento institucional es el que ha centrado el foco de la Oficina Antifraude, que trasladó sus conclusiones a la Fiscalía para determinar si se incurrió en alguna práctica ilícita durante la transición de responsabilidades.

Sagrera permaneció al frente de la dirección ejecutiva del circuito hasta enero de 2025, momento en el que anunció su salida para reintegrarse al sector privado en el despacho de abogados familiar. No obstante, su desvinculación no fue total, ya que en esa misma fecha fue nombrado consejero responsable de Relaciones Institucionales de Fira Circuit, manteniendo la interlocución con Liberty Media y Dorna, las corporaciones titulares de los derechos de la Fórmula 1 y MotoGP.

La Fiscalía de Barcelona mantiene abiertas las diligencias para esclarecer si la estructura de contratación y la posterior rotación de cargos cumplieron con la normativa de incompatibilidades y los principios de transparencia de la administración pública. Por el momento, el Departamento de Empresa y los actores implicados se encuentran a la espera de los avances de la instrucción judicial.