La Fiscalía de Baleares abre diligencias contra Pedro Bestard por el presunto uso fraudulento de coches oficiales
La Fiscalía de Baleares ha iniciado una investigación formal contra el vicepresidente segundo del Consell de Mallorca, Pedro Bestard (Vox), por el presunto uso fraudulento de vehículos oficiales pertenecientes a la institución insular. El Ministerio Público ha incoado diligencias para determinar si los hechos denunciados por el Grupo Socialista en el Consell de Mallorca son constitutivos de delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental.
La apertura de estas diligencias, adelantada por el diario Última Hora y confirmada por fuentes jurídicas, se fundamenta en una denuncia presentada por el PSIB-PSOE. En dicho escrito, los socialistas acusan a Bestard de utilizar de manera «sistemática y reiterada» vehículos de la institución para fines estrictamente privados. Según la denuncia, este uso se habría realizado de forma exclusiva en diversas ocasiones, generando gastos de combustible y mantenimiento a cargo del erario público sin contar con la debida autorización.
En el marco de la investigación, el PSIB ha solicitado al Ministerio Público que tome declaración a varios altos cargos técnicos y administrativos de la institución. Entre ellos figuran la secretaría técnica del departamento de Medio Ambiente —área que dirige el propio Bestard—, la secretaría técnica de Presidencia, el secretario general y la interventora del Consell de Mallorca, con el fin de esclarecer los mecanismos de control existentes sobre el parque móvil.
Asimismo, la denuncia requiere que el Consell de Mallorca aporte toda la documentación técnica relativa a los vehículos adscritos al Departamento de Medio Ambiente. Esto incluye los expedientes de uso, el registro pormenorizado de desplazamientos, los consumos de combustible, las tareas de mantenimiento y los datos arrojados por los sistemas de geolocalización instalados en los automóviles oficiales.
La Fiscalía deberá determinar ahora si existe base probatoria suficiente para elevar el caso a los juzgados de instrucción. Por su parte, la denuncia del Grupo Socialista pone el foco en la presunta continuidad delictiva de los hechos, al considerar que el uso de los recursos públicos para fines personales no fue un hecho aislado, sino una práctica regular dentro de la gestión del vicepresidente segundo.
