La Fiscalía recurre la retirada del pasaporte a Begoña Gómez al considerarla una medida «carente de lógica»

La Fiscalía de Madrid ha interpuesto un recurso de apelación contra la decisión del magistrado Juan Carlos Peinado de retirar el pasaporte y prohibir la salida del territorio nacional a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y a su asesora Cristina Álvarez. El Ministerio Público califica las medidas cautelares impuestas como innecesarias y argumenta que la resolución judicial carece de una base racional que justifique la existencia de un riesgo de fuga.

En el escrito remitido al juzgado, la Fiscalía subraya que ambas investigadas poseen un «indudable arraigo» en España, destacando que son ciudadanas españolas, con vínculos familiares consolidados y una trayectoria profesional desarrollada íntegramente en territorio nacional. Según el fiscal, estas circunstancias anulan la presunción de que las encausadas pretendan eludir la acción de la justicia mediante el abandono del país.

El recurso hace especial hincapié en la solvencia económica y patrimonial de Gómez y Álvarez, señalando que «carecen de bienes o activos que permitan dicha fuga e instalación fuera de España». El Ministerio Público recuerda que las pesquisas patrimoniales autorizadas previamente por el propio juzgado descartaron cualquier sospecha sobre la existencia de ganancias ilícitas o fondos ocultos en el extranjero que pudieran financiar una huida.

Asimismo, la Fiscalía critica con dureza el argumento del juez Peinado sobre la posibilidad de que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pudieran auxiliar a las investigadas en una eventual evasión. El texto considera que este planteamiento «extiende una sombra de sospecha infundada» sobre las instituciones de seguridad y califica de «confabulación» la hipótesis planteada por el instructor, al entender que no existe justificación alguna para dudar de la lealtad institucional de los agentes.

Por otro lado, el Ministerio Fiscal tilda de «llamativa» la orden de retirar todos los pasaportes de los que pudieran disponer las investigadas. El escrito vincula esta instrucción con la difusión en ciertos sectores de informaciones sobre una supuesta segunda nacionalidad de la República Dominicana por parte de Begoña Gómez, un dato que la Fiscalía califica taxativamente como «irreal» y carente de cualquier soporte documental en la causa.

Finalmente, el recurso solicita también la anulación de la medida que obliga a las investigadas a comparecer en sede judicial cada quince días. La Fiscalía entiende que, al no existir un peligro real de sustracción a la justicia, esta restricción adicional resulta desproporcionada y carece de finalidad práctica en el marco del procedimiento que se sigue por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.