Fiscalía de Perú solicita cinco años de prisión e inhabilitación contra el candidato Roberto Sánchez
El Ministerio Público de Perú ha formalizado un pedido de cinco años y cuatro meses de privación de libertad contra Roberto Sánchez, candidato presidencial por la coalición Juntos por el Perú (JP). La medida responde a presuntos delitos de falsedad documental y falsa declaración en procedimiento administrativo, vinculados a la gestión financiera de su agrupación política durante los periodos electorales de 2018 y 2020.
La acusación fiscal, fundamentada en documentos difundidos por la prensa local, también solicita la inhabilitación definitiva de Sánchez para ejercer la presidencia de su formación política. Según la tesis del organismo persecutor, el líder de JP habría presentado información inexacta ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) respecto a las aportaciones recibidas por el partido en los últimos años.
En el centro de la controversia se encuentra la declaración de ingresos correspondiente a las elecciones de 2018. Mientras que Juntos por el Perú reportó oficialmente un saldo de «cero soles», la investigación fiscal sostiene que el partido recibió aportes superiores a los 200.000 soles. Dichos fondos habrían sido canalizados a través de una cuenta bancaria a nombre de William Sánchez Palomino, hermano del actual candidato y ex titular del Comité Nacional Electoral de la agrupación.
Asimismo, el pliego acusatorio señala presuntas irregularidades en la rendición de cuentas de la campaña para las elecciones de 2020. La Fiscalía sostiene que se falseó información referente tanto a los gastos como a los ingresos generales del partido en dicho ejercicio anual, configurando un patrón de desinformación financiera ante las autoridades electorales.
Por su parte, la defensa técnica de Roberto Sánchez ha rechazado los cargos. El abogado Carlos García Asenjo manifestó ante medios de comunicación que la responsabilidad legal de los informes económicos recae estrictamente sobre el tesorero de la formación y no sobre el presidente del partido. Según el letrado, la función de Sánchez se limitó a remitir la documentación técnica elaborada por el área contable correspondiente.
Este proceso judicial se desarrolla en un contexto de alta sensibilidad política, dado que Sánchez se encuentra en la etapa final de la contienda electoral por la Presidencia. El panorama electoral peruano permanece bajo observación tras una primera vuelta que registró un margen estrecho de votos y diversas denuncias sobre la logística del sufragio en la capital, hechos que actualmente son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.
