La Fiscalía solicita la absolución de Begoña Gómez al no apreciar indicios de delito
La Fiscalía ha solicitado formalmente a la Audiencia Provincial de Madrid la libre absolución de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en el marco de la causa donde se le investiga por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias. El Ministerio Público ha hecho extensiva esta petición a Cristina Álvarez, asesora de Gómez, quien también se encuentra encausada en el mismo procedimiento judicial.
En su escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso la Agencia EFE este miércoles, el fiscal mantiene la postura procesal que ha defendido de manera constante desde la apertura de las diligencias. El documento argumenta de forma taxativa que «los hechos narrados no son constitutivos de infracción penal», concluyendo que, ante la inexistencia de un hecho delictivo, procede la absolución de las acusadas al considerar que «sin delito no hay autor».
Este pronunciamiento de la Fiscalía se produce después de que el magistrado instructor, Juan Carlos Peinado, dictara el auto de apertura de juicio oral, determinando que ambas deberán sentarse en el banquillo ante un jurado popular en una fecha que aún está por concretar. La solicitud del fiscal contrapone así su criterio técnico al del juez instructor, quien decidió elevar la causa a juicio tras una fase de investigación iniciada en abril de 2024.
El origen del procedimiento judicial se remonta a una denuncia presentada por la organización Manos Limpias. Las pesquisas se han centrado fundamentalmente en las actividades relacionadas con la cátedra que Begoña Gómez codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), así como en el desempeño profesional de su asesora, Cristina Álvarez, y si dicho trabajo fue sufragado de manera irregular con fondos públicos.
A pesar de la polémica que ha rodeado la instrucción del caso, la Fiscalía General ha reiterado que no se han acreditado elementos probatorios suficientes que sustenten la acusación de malversación de fondos o la existencia de una influencia ilícita en la gestión administrativa de la universidad. Con este paso, el Ministerio Público se posiciona de forma definitiva frente a las acusaciones populares en el futuro juicio oral.
