La Fiscalía de Madrid solicita 49 años de prisión para una banda que simulaba ser policía para cometer atracos violentos
La Audiencia Provincial de Madrid inicia este miércoles el juicio contra los ocho integrantes de una organización criminal especializada en robos con violencia en viviendas. La Fiscalía de Madrid solicita penas que alcanzan los 49 años de prisión para el principal encausado, a quien se le atribuyen delitos de robo con fuerza en casa habitada, detención ilegal con simulación de autoridad, lesiones y tenencia ilícita de armas, tras una serie de asaltos caracterizados por el uso de tácticas policiales y una extrema violencia contra las víctimas.
El escrito de acusación del Ministerio Público detalla que los procesados operaban bajo un «modus operandi» sofisticado que incluía vigilancias previas mediante dispositivos de geolocalización y grabación. Para ejecutar los asaltos, los acusados presuntamente utilizaban placas, chalecos con distintivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y dispositivos luminosos policiales, con el objetivo de engañar a los moradores y facilitar el acceso a los inmuebles o la detención ilegal de las víctimas en la vía pública.
La actividad delictiva atribuida a la banda se concentró entre diciembre de 2022 y febrero de 2023 en las localidades de Rivas-Vaciamadrid, Arroyomolinos y Villaviciosa de Odón. Según los informes periciales, en uno de los primeros asaltos sustrajeron efectos valorados en miles de euros, incluyendo joyas y dinero en efectivo. Sin embargo, la gravedad de las acciones se incrementó progresivamente, culminando en episodios de tortura y secuestro de familias completas.
El caso más crítico recogido por la Fiscalía ocurrió el 22 de febrero de 2023. Los acusados interceptaron el vehículo de un ciudadano en la carretera R-5 utilizando luces policiales. Tras identificarse como agentes y exhibir armas de fuego, trasladaron a la víctima a una finca en Navalcarnero. Allí, durante casi dos horas, el hombre fue sometido a palizas y descargas eléctricas con pinzas de batería para que revelara la ubicación de dinero en efectivo.
Posteriormente, el grupo se desplazó al domicilio de la víctima, donde irrumpieron al grito de «Policía». En la vivienda se encontraban la pareja del secuestrado y sus dos hijos menores de edad, de 14 y cuatro años. Tras sustraer 2.700 euros y joyas, los asaltantes secuestraron a toda la familia y los trasladaron de regreso a la finca de Navalcarnero. Allí, la mujer fue amenazada con una pistola en la boca y obligada a presenciar el estado de su marido antes de ser todos abandonados en la vía pública en Moraleja de Enmedio.
Durante los registros domiciliarios realizados en el marco de la investigación, las autoridades intervinieron una cantidad significativa de material incriminatorio. Entre los efectos hallados se encuentran grilletes, portaplacas, mascarillas y mochilas con logotipos policiales, así como armas de fuego, cargadores, munición y un silenciador. Estos elementos sustentan la tesis fiscal sobre la profesionalización y peligrosidad de la organización.
La Fiscalía mantiene que los acusados actuaron con un plan preconcebido y una distribución de funciones clara para asegurar el éxito de los robos y su impunidad. Además de las penas de cárcel, el Ministerio Público solicita las correspondientes indemnizaciones por los daños físicos y morales causados a las víctimas, así como por el valor de los bienes sustraídos que no han sido recuperados.
