La Fiscalía General suspende el expediente a las fiscales mencionadas en el ‘caso Plus Ultra’ a la espera de resolución judicial

La Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado ha acordado la suspensión del expediente disciplinario abierto a Pilar Rodríguez, actual fiscal en el Tribunal Supremo y exjefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, y a María Luisa Llop, destinada en la Audiencia Nacional. La decisión técnica se fundamenta en la necesidad de aguardar a que recaiga una sentencia firme o un auto de sobreseimiento en la causa penal donde ambas facultativas resultaron mencionadas en el marco de las investigaciones del denominado ‘caso Plus Ultra’.

Según consta en la resolución institucional, el Reglamento del Ministerio Fiscal establece que, ante la existencia de un procedimiento penal en curso por hechos que motiven una investigación disciplinaria, no se dictará resolución administrativa hasta que la justicia penal se pronuncie de forma definitiva. Este mecanismo busca evitar resoluciones contradictorias, dado que la declaración de hechos probados en sede judicial vincula directamente el resultado del expediente administrativo posterior.

En el marco de esta decisión, la Inspección Fiscal ha solicitado formalmente al fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, que mantenga puntualmente informado al órgano inspector y remita las resoluciones judiciales que se produzcan en la causa en lo relativo a las fiscales concernidas. Este movimiento administrativo garantiza que el expediente se mantenga en suspenso de manera justificada hasta que se aclare la relevancia penal de las conversaciones interceptadas.

El origen de estas actuaciones se remonta al pasado mes de mayo, cuando la entonces fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, incoó un expediente gubernativo tras conocerse un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Dicho documento, remitido al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, analizaba presuntas maniobras de influencia relacionadas con el rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra en el año 2021.

Los informes policiales recogen conversaciones entre investigados donde se aludía a la supuesta proximidad con la jefatura de la Fiscalía de Madrid para tratar de influir en las diligencias del Juzgado de Instrucción número 15 de la capital, encargado de la investigación del rescate. En dichas comunicaciones, que incluían términos como la formación de un «Kitchen Cabinet», se sugería la posibilidad de contactar con la entonces fiscal jefa para «cortar» el avance de las pesquisas judiciales.

La causa principal, que investiga una presunta trama de tráfico de influencias, continúa su curso en sede judicial. Hasta que no se determine la veracidad o el alcance de las menciones realizadas por terceros sobre las fiscales, la vía disciplinaria interna del Ministerio Fiscal permanecerá paralizada por imperativo legal, conforme a las garantías procedimentales de la institución.