Foro Penal cifra en 322 el número de presos políticos en Venezuela

La organización no gubernamental Foro Penal, especializada en la defensa de los derechos humanos, reportó un total de 322 detenidos por motivos políticos en Venezuela, según su más reciente balance con corte al 5 de octubre. El informe destaca la presencia de ciudadanos extranjeros y un número significativo de efectivos militares entre los arrestados bajo estas condiciones.

De acuerdo con el boletín institucional, la composición de la cifra global de detenidos se divide en 308 hombres y 14 mujeres, todos mayores de edad. En cuanto a la clasificación por perfil, el registro de la ONG detalla que 182 de los recluidos son civiles, mientras que 140 pertenecen al ámbito militar. Asimismo, se notificó que 31 de los detenidos poseen nacionalidad extranjera o doble nacionalidad.

La organización también manifestó su preocupación por el paradero desconocido de uno de los individuos incluidos en la lista, lo que añade una variable de incertidumbre sobre el estado de integridad de la totalidad de los registrados. Estas cifras se presentan en un marco de constantes revisiones por parte de organismos de defensa de derechos fundamentales en el país.

En relación con la situación procesal de los detenidos, la ONG Alianza por la Libertad de los Presos Políticos acudió el pasado jueves a la sede del Palacio de Justicia en Caracas. Los activistas y familiares de los arrestados entregaron una solicitud formal dirigida al presidente del Circuito Judicial de la capital, John Parody, exigiendo la adopción de medidas institucionales que permitan subsanar el retardo procesal y agilizar la celebración de audiencias pendientes.

Por su parte, el Ejecutivo venezolano mantiene una postura oficial divergente. Las autoridades gubernamentales han negado de forma reiterada la existencia de presos políticos en el país, asegurando que las personas privadas de libertad enfrentan procesos judiciales por la presunta comisión de delitos comunes. Esta afirmación contrasta con las denuncias de diversas organizaciones no gubernamentales y partidos de la oposición, quienes sostienen que las detenciones tienen motivaciones de persecución política.

Finalmente, el contexto institucional se ha visto marcado por procesos de excarcelaciones selectivas y la aprobación previa de normativas de amnistía por parte del Parlamento, las cuales han sido calificadas como insuficientes o excluyentes por diversos sectores de la sociedad civil y observadores internacionales de derechos humanos.