Francisco Reyes renuncia a la presidencia de la Diputación de Jaén para incorporarse al Parlamento andaluz
Francisco Reyes ha formalizado su dimisión como presidente de la Diputación de Jaén tras 16 años al frente de la institución provincial. El dirigente socialista abandona el cargo para recoger su acta como diputado en el Parlamento de Andalucía, un movimiento que le otorga la condición de aforado ante el Tribunal Superior de Justicia. El cese se produce en un contexto marcado por las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre presuntas irregularidades en la contratación de personal en una empresa pública dependiente del ente provincial.
Las pesquisas judiciales y policiales se centran en la supuesta intermediación para la contratación de una mujer que, previamente, había denunciado por acoso sexual al fiscal anticorrupción José Grinda. Según los indicios que constan en el sumario, la gestión habría sido impulsada por Leire Díez y ejecutada presuntamente por el diputado socialista Juan Francisco Serrano, quien mantiene una estrecha vinculación personal y política con Reyes. Los investigadores sospechan que Serrano habría recurrido a esta relación para facilitar el ingreso de la trabajadora en la empresa pública de residuos urbanos de Jaén.
La conexión entre Reyes y Serrano resulta fundamental para el desarrollo del caso. Ambos son naturales de la localidad de Bedmar, donde ambos han ejercido como alcaldes, y mantienen una relación de confianza que el entorno define como de «maestro y discípulo» político. La Guardia Civil ha documentado mensajes interceptados en los que se alude a la gestión de Serrano como «obediente» tras confirmarse la contratación de la joven en la entidad dependiente de la Diputación, en un periodo en el que la investigación sobre el fiscal Grinda era un objetivo de interés para la red.
Ante la relevancia de los hechos, la Fiscalía Anticorrupción ha ordenado una investigación exhaustiva sobre el funcionamiento de la citada empresa pública. El Ministerio Público ha solicitado formalmente el expediente completo de la trabajadora, incluyendo detalles sobre el proceso de selección, los criterios aplicados para su contratación, los órganos responsables del fichaje y la identidad de otros posibles candidatos que optaron al puesto. El objetivo es esclarecer si el procedimiento se ajustó a la legalidad o si respondió a influencias externas.
La salida de Francisco Reyes hacia el Parlamento andaluz, cuya constitución está prevista para este jueves 11 de junio, modifica el escenario judicial de la causa. Al adquirir la condición de parlamentario autonómico, cualquier eventual actuación legal que le afecte deberá ser remitida al tribunal competente para aforados. Este movimiento institucional ha sido comparado por fuentes jurídicas con otros desplazamientos de cargos provinciales hacia cámaras legislativas en momentos de especial presión judicial.
Por el momento, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, no ha formalizado imputaciones contra los cargos públicos mencionados, a la espera de que la UCO finalice el análisis de la documentación y las comunicaciones intervenidas. El avance de la instrucción determinará si es necesario solicitar los correspondientes suplicatorios a las cámaras legislativas para proceder contra los representantes públicos implicados en el informe policial.
