La familia Franco inicia la retirada de bienes del Pazo de Meirás tras la resolución judicial sobre su titularidad

La familia Franco ha comenzado este viernes las labores de retirada de más de 400 piezas y elementos decorativos del Pazo de Meirás, ubicado en el municipio coruñés de Sada. El traslado de estos enseres se produce después de que el Estado no reclamara dichas pertenencias en el marco del proceso judicial que determinó la titularidad pública del inmueble, y tras la reciente orden de inscripción de la finca a nombre del Estado en el Registro de la Propiedad.

Esta actuación es consecuencia directa de la sentencia del Tribunal Supremo que ratificó la naturaleza estatal del pazo. El alto tribunal concluyó, por unanimidad, que el inmueble estuvo destinado al servicio de la Jefatura del Estado desde el año 1938, desestimando los recursos presentados por los herederos del dictador. La Justicia determinó que los ocupantes no pudieron poseer la finca en concepto de dueños de forma legal durante el tiempo necesario para adquirir su propiedad por usucapión, fijando el fin del uso administrativo en la década de los 90.

El operativo de retirada afecta a mobiliario y objetos ornamentales que no fueron incluidos en la demanda de la Abogacía del Estado. Para facilitar estas labores, que incluyen el uso de maquinaria y el montaje de estructuras para el desmontaje de piezas de gran tamaño, se han suspendido temporalmente las visitas públicas programadas al recinto. Los trabajos están siendo ejecutados por una empresa privada contratada por la familia Martínez-Bordiú Franco.

Por su parte, la Comisión por la Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) de La Coruña ha expresado su firme rechazo a esta operación, calificándola de «expolio». La asociación ha emitido un comunicado denunciando lo que consideran una «pésima gestión» por parte del Gobierno central y una actitud de «pasividad» por parte de la Xunta de Galicia. Según la CRMH, muchos de los bienes que están siendo retirados poseen una vinculación histórica con el Pazo previa al fallecimiento de Franco y no deberían haber quedado fuera de la reclamación estatal.

La entidad memorialista ha solicitado formalmente al Ministerio de Memoria Democrática que ofrezca explicaciones detalladas sobre los criterios seguidos para permitir la salida de estos bienes. Asimismo, han cuestionado si la administración autonómica ha ejercido sus competencias de control y supervisión sobre los elementos que forman parte del conjunto histórico, instando a que se asuman las responsabilidades políticas pertinentes por la pérdida de este patrimonio mueble.

El proceso de entrega del Pazo de Meirás al Estado continúa así su fase final de ejecución administrativa, marcada por la controversia sobre el inventario de bienes muebles que deben permanecer en el inmueble para su futura gestión como espacio de memoria pública.