El SUP denuncia posibles irregularidades en la obtención de certificados de vulnerabilidad para inmigrantes
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha alertado sobre la existencia de un posible fraude en la provincia de Almería relacionado con la emisión de certificados de vulnerabilidad. Estos documentos, emitidos por asociaciones y organizaciones no gubernamentales autorizadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, resultan determinantes para que los inmigrantes en situación irregular puedan acceder al proceso de regularización extraordinaria iniciado por el Gobierno hace tres semanas.
Según la denuncia presentada por la organización sindical, se estarían facilitando estos certificados mediante el simple rellenado de modelos oficiales, incorporando datos básicos, sello y firma, pero sin realizar una valoración social previa, entrevistas personales o un seguimiento individualizado que acredite fehacientemente la situación del solicitante. La normativa vigente exige que, para obtener el permiso de residencia, los interesados cumplan uno de tres supuestos: acreditar vulnerabilidad, demostrar actividad laboral en España o probar convivencia con la unidad familiar.
La organización policial destaca que el certificado de vulnerabilidad abarca hasta doce supuestos diferentes, tales como el aislamiento social, el sinhogarismo, la carencia de ingresos suficientes o el riesgo de exclusión económica. Sin embargo, el SUP advierte que, en determinados casos, la obtención de este documento estaría supeditada a aportaciones económicas de entre 80 y 100 euros. Estas cuantías se formalizarían bajo el concepto de cuotas de afiliación o donaciones, una práctica que el sindicato sitúa en una zona de difícil encaje legal al no presentarse como un pago directo por el trámite administrativo.
El sindicato ha manifestado su preocupación ante lo que consideran una desvirtuación de una herramienta de valoración social, transformándola en un mero trámite automático. Esta situación se produce en un contexto de alta presión asistencial y dificultades para la obtención de citas previas, lo que ha derivado en incidentes de orden público en diversos puntos de la geografía nacional. La saturación del sistema ha obligado a la intervención de unidades especializadas de la Policía Nacional para mantener la seguridad ciudadana.
Uno de los episodios más relevantes tuvo lugar en la embajada de Gambia en Madrid, donde se registraron escenas de tensión y un intento de entrada por la fuerza de cerca de 300 personas que buscaban tramitar su documentación. Hechos similares se han reportado en Murcia, donde más de un millar de personas se concentraron frente a las dependencias de una ONG, y en localidades como Elche y Málaga, donde se produjeron altercados en las colas de espera que requirieron la actuación de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y la Unidad de Prevención y Reacción (UPR).
Además de acreditar la vulnerabilidad, los solicitantes de la regularización deben cumplir otros requisitos estrictos, como presentar un certificado de carencia de antecedentes penales y demostrar su residencia en España al menos cinco meses antes del 1 de enero de 2026. La Policía Nacional ha procedido a realizar varias detenciones en los últimos días, principalmente en las oficinas de Extranjería de Almería, relacionadas con peleas y atentados contra agentes de la autoridad en el marco de estas aglomeraciones.
