El Frente Cívico por la Calidad Democrática se alía con la Universidad Europea para combatir el bloqueo legislativo

El Frente Cívico por la Calidad Democrática, plataforma que representa a un millón y medio de ciudadanos afectados por la parálisis normativa en el Congreso de los Diputados, ha suscrito un convenio de colaboración con la Universidad Europea de Madrid. El acuerdo tiene como objetivo obtener asesoramiento legal y académico para fundamentar las acciones jurídicas emprendidas contra la Mesa de la Cámara Baja por la reiterada ampliación de los plazos de enmiendas de diversas iniciativas legislativas.

La colaboración se canalizará a través de la Clínica Jurídica de la institución universitaria, donde estudiantes y docentes especialistas elaborarán informes técnicos y estudios jurídicos. Este soporte académico busca dotar de mayor rigor a las actuaciones del Frente Cívico, que actualmente se encuentra a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre una denuncia por presunta prevaricación administrativa por omisión contra la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y los miembros de la Mesa pertenecientes al PSOE y Sumar.

La plataforma agrupa a diversos colectivos, entre los que destacan la Asociación de Víctimas de la Talidomida de España (Avite), funcionarios de prisiones, profesionales de la imagen personal y afectados por la Ley de Costas y la ocupación. Según los firmantes del acuerdo, esta alianza estratégica pretende «profundizar en las posibles vías jurídicas y parlamentarias que permitan avanzar en la tramitación de las iniciativas» que actualmente permanecen estancadas en la fase de enmiendas.

El origen del conflicto radica en lo que el Tribunal Constitucional ha calificado recientemente como una «práctica obstruccionista». En una sentencia previa, el tribunal de garantías advirtió que la prolongación indefinida de los plazos de enmiendas constituye un «subterfugio» que vulnera el derecho de los diputados a ejercer sus funciones legislativas. Esta estrategia, aplicada sobre proyectos y proposiciones de ley tanto del Congreso como del Senado, ha impedido el debate y votación de normativas de alto impacto social.

Desde el Frente Cívico se sostiene que la colaboración entre la universidad y la sociedad civil es una oportunidad para abordar desde una perspectiva académica situaciones que afectan directamente a más de un millón y medio de personas y sus familias. El convenio se suma a otras medidas ya en marcha, como la presentación de escritos ante la Mesa del Congreso y la preparación de una ronda de contactos con los diferentes grupos parlamentarios para solicitar el desbloqueo de la actividad normativa.

Los impulsores de la iniciativa insisten en una petición común dirigida a las instituciones: que las propuestas legislativas puedan completar su tramitación ordinaria para ser debatidas y votadas en el Pleno. La incorporación de nuevos colectivos afectados en los próximos días se prevé que refuerce la representatividad de este frente en su exigencia de restaurar el dinamismo parlamentario y garantizar el cumplimiento de los procedimientos legislativos establecidos.