Miguel Ángel Gallardo recurre ante el TSJ de Extremadura la condena de 18 años de inhabilitación
La defensa del exsecretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha interpuesto formalmente un recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX) contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz que le impone 18 años de inhabilitación para cargo público. El recurso solicita la revocación íntegra del fallo y la libre absolución de Gallardo, condenado por dos delitos de prevaricación administrativa en el marco de la contratación de David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, en la institución provincial.
La resolución judicial de primera instancia, dictada el 14 de julio de 2026, fundamentó la condena en dos hechos diferenciados. En primer lugar, la creación en 2017 de una plaza de coordinador de los conservatorios pacenses presuntamente diseñada «a medida» para David Sánchez. En segundo lugar, la posterior modificación técnica de dicho puesto de trabajo, que pasó a denominarse jefe de la Oficina de Artes Escénicas. La Audiencia Provincial consideró probado que ambos procesos administrativos se ejecutaron de forma arbitraria.
En el escrito de apelación, al que ha tenido acceso la agencia Europa Press, la defensa de Gallardo sostiene que la sentencia vulnera el derecho a la presunción de inocencia de su representado al no existir «prueba de cargo suficiente». El abogado argumenta que las conclusiones del tribunal se basan en «merales sospechas y conjeturas» y critica lo que denomina un «carácter parcial de la investigación», señalando que el tribunal habría desestimado declaraciones de técnicos y profesionales de la Diputación de Badajoz sin una justificación sólida.
Uno de los ejes del recurso es la negación taxativa de una relación personal entre Miguel Ángel Gallardo y el beneficiario de la plaza. La defensa insiste en que, en el momento de la creación del puesto en 2016, Gallardo «ni siquiera sabía de la existencia» de David Sánchez y que el trato posterior fue «estrictamente profesional». Con ello, pretenden desmontar la tesis judicial de que el puesto fue diseñado con el propósito deliberado de ser ocupado por el hermano de Pedro Sánchez.
Asimismo, la impugnación se extiende a la reserva de acciones respecto a un tercer posible delito de prevaricación relacionado con la adjudicación de otra plaza a Luis Carrero. La representación de Gallardo considera que este punto infringe las reglas procesales de conexidad delictiva. Por último, califica de «desproporcionada» la inhabilitación impuesta, al considerar que la sentencia extiende el castigo a empleos en las Administraciones Públicas que no guardan analogía funcional con la Presidencia de la Diputación que ostentaba el condenado.
Con la presentación de este recurso, el proceso judicial queda a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura revise el caso, evaluando si los procedimientos de contratación y modificación de la plantilla de la Diputación de Badajoz se ajustaron a la legalidad administrativa o si, por el contrario, concurrieron las irregularidades advertidas en la primera instancia.
