Garamendi urge a desvincular la regularización de inmigrantes de la pugna partidista

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha calificado de «error total» la utilización de la regularización extraordinaria de inmigrantes como herramienta de confrontación partidista. Durante su intervención en un foro organizado por el Grupo Vasco del Club de Roma en Bilbao, el líder de la patronal ha instado a las formaciones políticas a alcanzar acuerdos de Estado en el Congreso, subrayando que España requiere de trabajadores extranjeros para garantizar la sostenibilidad de diversos sectores productivos.

Garamendi ha lamentado lo que considera una deriva hacia la «radicalidad» en el debate migratorio y ha defendido una gestión técnica y consensuada que responda a las necesidades reales de la economía. En este sentido, ha abogado por que el proceso legislativo se aleje de los intereses electorales para centrarse en la integración efectiva y el refuerzo del mercado de trabajo nacional.

En el plano laboral, el presidente de la CEOE ha mostrado su preocupación por las cifras de desempleo, señalando que, bajo una contabilidad más rigurosa, España alcanzaría los «tres millones de parados». Asimismo, ha puesto el foco en el desempleo juvenil y en el fenómeno del «absentismo fraudulento», indicando que este problema se concentra especialmente en el segmento de trabajadores menores de 35 años y en jornadas específicas como los lunes y los viernes.

Respecto a la conflictividad laboral, Garamendi ha destacado que el 50% de las huelgas que se registran en el país tienen lugar en el País Vasco, y ha rechazado la tesis de que las empresas o los niveles salariales sean los causantes de la desigualdad social. Por el contrario, ha atribuido esta situación a la gestión de la Administración General del Estado y a lo que define como un «espíritu recaudatorio» que penaliza la actividad privada.

El dirigente empresarial también se ha mostrado crítico con las políticas de vivienda actuales. Ha denunciado que, tras décadas de inacción por parte de los poderes públicos en la creación de suelo y parque público, el Gobierno opte ahora por «intervenir la propiedad privada». Según Garamendi, el intervencionismo estatal se utiliza como una vía para justificar errores previos de gestión pública, lo que genera inseguridad jurídica en el sector.

Finalmente, el representante de la patronal ha cuestionado el uso recurrente de los reales decretos por parte del Ejecutivo central, equiparando este método legislativo a las antiguas «ordenanzas» del régimen anterior por su carácter impositivo. Garamendi ha concluido su intervención reivindicando el diálogo social y advirtiendo de que medidas como el registro horario obligatorio representan una amenaza a la libertad individual y a la flexibilidad necesaria en el entorno laboral contemporáneo.