El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha expresado este jueves su rechazo a la propuesta del Gobierno de promover una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en plena campaña electoral. Durante su intervención en el 25 aniversario de la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel), el líder de la patronal ha calificado de «increíble» que el Ejecutivo utilice su posición para intervenir en materia salarial en este periodo político.
Garamendi ha cuestionado la idoneidad del comité de expertos convocado por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, señalando que algunos de sus integrantes carecen de experiencia profesional previa. «Es increíble que el Gobierno esté utilizando el poder que tiene en plena campaña electoral para actuar de una manera que nosotros no entendemos», ha subrayado el presidente de los empresarios, quien también ha criticado la exigencia sindical de un aumento del 7% y la falta de flexibilidad en la revisión de precios de los contratos públicos.
En el marco de la jornada celebrada en la sede de la CEOE, el representante empresarial ha situado el absentismo laboral y la falta de vacantes como las principales preocupaciones de las compañías. Según Garamendi, sectores como la hostelería enfrentan serias dificultades para encontrar personal, mientras que el diálogo social en torno al Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) permanece bloqueado. «La mesa sigue parada porque los sindicatos no han querido sentarse», ha afirmado.
La postura de la patronal ha encontrado eco y contraste en un debate posterior que ha contado con la participación de representantes de los principales grupos parlamentarios. José María Figaredo, responsable de la Oficina Económica de Vox, ha centrado su discurso en los «desincentivos» al trabajo, denunciando que una parte de la población extranjera extracomunitaria reside en España sin incorporarse al mercado laboral y advirtiendo sobre el uso de los subsidios públicos.
Por su parte, el portavoz de Inclusión y Seguridad Social del PSOE, Alberto Mayoral, ha defendido la contribución de la población migrante al sostenimiento de la actividad empresarial. «La cuestión no es si son un problema, sino que son la solución», ha indicado Mayoral, quien ha instado a desviar el foco del absentismo hacia el debate sobre las 2,5 millones de horas extraordinarias no pagadas que se registran en el país, abogando por un fortalecimiento de la Administración pública.
Finalmente, José Vicente Marí Bosó, portavoz adjunto del Grupo Popular (PP), ha propuesto una reforma de la Ley de Desindexación y de la Ley de Contratos para aliviar el incremento de costes que soportan las empresas. Marí Bosó ha abogado por desplazar el debate desde el salario mínimo hacia el salario medio, planteando como objetivo alcanzar los 50.000 euros anuales en los próximos ejercicios, al tiempo que ha reclamado una protección más efectiva de la regulación de los servicios esenciales.
