La ministra de Sanidad, Mónica García, ha rechazado de forma oficial la propuesta del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de decretar un confinamiento para la población migrante en la ciudad autónoma de Ceuta. La titular de Sanidad ha calificado la medida de «injustificada» y «desmesurada», argumentando que no existen criterios científicos ni epidemiológicos que avalen una restricción de movimientos basada en motivos de salud pública en el contexto actual.
La respuesta del Ministerio se produce tras las declaraciones del líder de la oposición, quien solicitó al Gobierno central la aplicación de esta medida excepcional ante lo que calificó como un «riesgo sanitario» derivado de la entrada de miles de personas. Feijóo aludió a la detección de enfermedades infectocontagiosas como la sarna o la tuberculosis tras la llegada de flujos migratorios a finales de julio. Sin embargo, Sanidad sostiene que la Ley Orgánica 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública exige «indicios racionales» que, según el departamento de García, no concurren en este escenario.
En el desglose técnico ofrecido por la ministra, se detalla que los casos de tuberculosis detectados en Ceuta se limitan a tres personas: una con tratamiento previo no contagioso, otra con tuberculosis cerebral —que no se transmite por vía aérea— y una tercera que ya se encontraba en la ciudad antes de la crisis actual. Respecto a la varicela, Sanidad indica que los casos sospechosos no guardan relación con la población migrante, mientras que los brotes de gastroenteritis, cifrados en 55 casos probables de E. coli, se vinculan al consumo de aguas no tratadas en puntos específicos de la ciudad.
García ha recordado que las competencias en materia de salud pública en Ceuta corresponden al Gobierno de la Ciudad Autónoma. En este sentido, ha instado al presidente del PP a coordinar sus propuestas con el Ejecutivo local ceutí. Según la evaluación de riesgo elaborada por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), el riesgo de transmisión de enfermedades a la población residente se considera «bajo», mientras que el riesgo para la población migrante es «moderado» debido al hacinamiento y la falta de condiciones higiénicas óptimas.
Desde el Ministerio de Sanidad se insiste en que la prioridad actual debe ser dotar a las personas de condiciones de habitabilidad, agua potable y saneamiento básico para mitigar cualquier riesgo de brotes. Asimismo, se ha confirmado la estrecha colaboración con los servicios de salud pública de Ceuta para el despliegue de programas de vacunación, siguiendo el protocolo aprobado en junio de 2026 por la Comisión de Salud Pública.
Finalmente, la ministra ha convocado una reunión de la Comisión de Salud Pública para agilizar la donación de vacunas a la ciudad autónoma mientras la administración local gestiona sus propias adquisiciones. Sanidad concluye que el uso de confinamientos como herramienta de control debe ser proporcional al mecanismo de transmisión de las patologías, advirtiendo que, en este caso, una medida de tal calibre podría resultar «más dañina que beneficiosa» para la salud colectiva.
