El Gobierno aprueba 180 millones de euros para vivienda en zonas tensionadas y 45 millones para residencias universitarias
El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a una inversión de 180 millones de euros destinada a ampliar el parque de vivienda en las comunidades autónomas que han declarado zonas de mercado residencial tensionado. Esta partida económica se distribuirá entre las cinco regiones que actualmente aplican los mecanismos previstos en la Ley por el Derecho a la Vivienda de 2023: Cataluña, País Vasco, Navarra, Galicia y Asturias.
La distribución de los fondos, que impactará en un total de 317 municipios donde residen 9,3 millones de personas, sitúa a Cataluña como la principal beneficiaria con 119,4 millones de euros, al contar con 271 localidades bajo esta denominación. El resto de la inversión se reparte entre el País Vasco (31 millones), Navarra (13,3 millones), Galicia (10,2 millones) y el Principado de Asturias (5,9 millones).
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha explicado en rueda de prensa que el objetivo de esta inyección de recursos extraordinarios es atajar la crisis habitacional mediante el incremento de la oferta de alquiler social y asequible. Según el real decreto aprobado, las administraciones receptoras podrán emplear el capital en la promoción de nuevas viviendas, la rehabilitación de inmuebles protegidos o libres, la adquisición de suelos y la compra de pisos ya construidos para su incorporación al parque público.
Rodríguez ha defendido la utilidad del artículo 18 de la ley sectorial, que permite activar medidas de control de precios y bonificaciones fiscales en áreas donde el coste de la vivienda supera el 30% de los ingresos medios de los hogares o donde los precios han crecido por encima del IPC regional en los últimos cinco años. La ministra ha subrayado que estas herramientas buscan «congelar los precios» y reducir el «estrés residencial» en los puntos de mayor demanda.
En paralelo, el Ejecutivo ha aprobado otro decreto para destinar 45 millones de euros a la creación de 2.000 plazas en residencias universitarias. Este proyecto contempla partidas específicas para la Universidad Autónoma de Madrid (13,36 millones), el Campus de Albacete de la UCLM (8,19 millones), la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (6,5 millones) y la Universidad de Burgos (5,94 millones), además de inversiones en Castellón, Jaén y Lleida.
Esta medida sobre alojamiento estudiantil se formaliza tras haber sido adelantada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la firma del Estatuto del Estudiantado Universitario. Dicho anuncio previo ha motivado la apertura de un expediente por parte de la Junta Electoral Central (JEC), tras considerar que podría haberse vulnerado el principio de neutralidad institucional durante el periodo electoral vigente.
Finalmente, desde el Ministerio se ha recordado que el sistema de incentivos de la Ley de Vivienda contempla deducciones fiscales de hasta el 100% en el IRPF para aquellos propietarios que formalicen nuevos contratos de alquiler en zonas tensionadas con una rebaja del precio superior al 5%. Por el contrario, comunidades autónomas como Madrid y Andalucía mantienen su rechazo a la aplicación de estas zonas tensionadas, al discrepar de la efectividad de la intervención de precios en el mercado inmobiliario.
