El delegado del Gobierno cuestiona la gestión patrimonial de la Comunidad de Madrid tras la compra y venta del ático de Chamberí
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha criticado este domingo la gestión realizada por el Ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso en relación con la adquisición de un inmueble en el distrito de Chamberí. Durante una entrevista concedida a Radio Nacional de España, Martín ha calificado de «inaceptable» la operación y ha instado a la administración autonómica a trasladar el debate sobre la necesidad de una residencia oficial a la Asamblea de Madrid, evitando gestiones que ha tachado de opacas.
La controversia se centra en un ático adquirido por la empresa pública Planifica Madrid, dependiente del Gobierno regional. Según las explicaciones ofrecidas por el equipo de Ayuso, la compra estaba motivada por la necesidad de contar con un despacho «temporal» ante las próximas obras que se acometerán en la Real Casa de Correos, sede de la presidencia autonómica. Sin embargo, el delegado del Gobierno ha señalado que las justificaciones aportadas tras trascender la noticia a la prensa han sido «absolutamente inconexas».
En su intervención, Martín ha manifestado que este tipo de acciones, a las que se ha referido como «pelotazos», contribuyen a distanciar la figura de la presidencia de la realidad de la ciudadanía madrileña. El representante del Gobierno de España ha subrayado que la administración regional no comenzó a dar detalles sobre la propiedad hasta que la información fue publicada en los medios de comunicación, lo que, a su juicio, evidencia una falta de transparencia institucional.
Por otro lado, la Comunidad de Madrid ha publicado recientemente en el Portal de la Contratación Pública la licitación para la venta de este inmueble por un precio de salida de 6,7 millones de euros. Esta decisión se ha anunciado apenas unos días después de conocerse su compra. Junto al ático de Chamberí, el Ejecutivo regional ha puesto en el mercado otros cuatro activos situados en la Gran Vía, con un precio conjunto de salida de 11,8 millones de euros.
En relación con el debate sobre si la presidencia de la Comunidad de Madrid requiere una residencia oficial, Francisco Martín ha animado al Partido Popular a plantear esta cuestión formalmente en la cámara regional. El delegado ha defendido que cualquier decisión de este calibre debe ser debatida y aprobada en la Asamblea de Madrid de manera abierta, en lugar de intentar «blindar» operaciones inmobiliarias a través de empresas públicas sin el debido consenso parlamentario.
Hasta el momento, el Gobierno autonómico mantiene que la operación se enmarcaba en una planificación técnica de espacios administrativos, mientras que la oposición y la delegación del Gobierno insisten en que la secuencia de compra y venta inmediata requiere de una fiscalización más profunda sobre el uso de los fondos públicos regionales.
