Sectores internos de la Guardia Civil señalan un creciente perfil político en la actual cúpula del Instituto Armado

Diversas fuentes internas de la Guardia Civil han manifestado su preocupación ante lo que consideran una progresiva politización de la cúpula del cuerpo. Según testimonios recogidos en el seno del Instituto Armado, se habría identificado a un grupo de nueve generales y un coronel cuya trayectoria y nombramientos recientes se vinculan estrechamente con la línea estratégica del actual Ejecutivo. Esta situación ha generado un debate interno sobre la neutralidad institucional y la gestión de la Dirección General, encabezada por Mercedes González.

El malestar detectado entre los mandos y agentes se fundamenta en la percepción de que los criterios de ascenso y la designación de puestos de alta responsabilidad estarían primando la afinidad política sobre la trayectoria profesional técnica. Las críticas internas apuntan a una gestión de «puño de hierro» por parte de la Dirección General, lo que habría derivado en una estructura de mando alineada con los intereses del Gobierno, afectando a la tradicional independencia del organismo en sus funciones de servicio al Estado.

Mandos bajo el foco y procesos judiciales

A la cabeza de esta relación de altos mandos se encuentra el teniente general Manuel Llamas, actual Director Adjunto Operativo (DAO). Llamas se encuentra actualmente bajo investigación por parte del juez Santiago Pedraz, en relación con presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia. El procedimiento trata de esclarecer si existieron maniobras para interferir en causas judiciales que afectan a figuras vinculadas al Partido Socialista.

En una situación similar de escrutinio interno se halla el general de división Luis Peláez, responsable de la Jefatura de Información. Peláez, quien ha comparecido ante la justicia para negar presiones a la Unidad Central Operativa (UCO), es señalado por sectores críticos como uno de los principales apoyos de la actual dirección en la contención de investigaciones que pudieran resultar sensibles para el Ejecutivo central.

Reorganización de las jefaturas estratégicas

La lista de mandos cuestionados por estos sectores internos incluye nombres en puestos clave de la seguridad nacional. Entre ellos destaca el general de brigada Javier Marín, al frente del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), y el general de división David Blanes, jefe del Gabinete Técnico de la Dirección General. Blanes es considerado el colaborador más estrecho de Mercedes González en la implementación de las políticas de personal de la sede de Guzmán el Bueno.

Asimismo, se han identificado otros perfiles en jefaturas territoriales y especializadas, como el general de brigada Francisco Almansa (Madrid), el teniente general Luis del Castillo (Mando de Operaciones) y el general de brigada Javier Moscoso (Costas y Policía Marítima). También se incluye en este análisis al general de división Santiago Martín Gómez, recientemente nombrado en la Jefatura de Transformación Digital, y al coronel Francisco José Vázquez, cuya expectativa de ascenso a general es objeto de debate interno tras su etapa en la Jefatura de la Guardia Civil.

Impacto en la operatividad y la independencia

El núcleo de la controversia reside en la denuncia de presuntas presiones ejercidas sobre unidades especializadas como la UCO. Las fuentes consultadas indican que esta supuesta colonización de la cúpula tendría como objetivo final suavizar las investigaciones judiciales sobre casos de corrupción que afectan al entorno del Gobierno y al partido en el poder. Esta estrategia habría provocado un distanciamiento de la cúpula respecto al fin fundacional de la Guardia Civil como institución ajena a la disputa partidista.

La situación ha trascendido los muros de la Dirección General, llegando a reflejar incidentes de disciplina interna, como el pase a la reserva de mandos que se negaron a acatar directrices interpretadas como políticas. Mientras tanto, la institución se enfrenta al reto de preservar su prestigio y la confianza ciudadana en un contexto de alta tensión institucional y judicial.