El Gobierno programa cuatro Consejos de Ministros extraordinarios y ordinarios antes de las elecciones del 29-N
El Ejecutivo ha diseñado un calendario legislativo intensivo para el tramo final de la legislatura. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha anunciado que el Consejo de Ministros se reunirá en cuatro ocasiones adicionales antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El objetivo de estas convocatorias es la aprobación de diversas medidas sociales destinadas a fortalecer el Estado de bienestar.
Este cronograma institucional incluye, además de las sesiones ordinarias habituales de los martes 17 y 24 de noviembre, la celebración de dos consejos de carácter extraordinario. Estas reuniones adicionales han sido fijadas para los viernes 13 y 20 de noviembre, lo que permitirá al Gabinete agilizar la tramitación de normativas y decretos antes de la cita con las urnas.
Según ha manifestado Bolaños, esta actividad extraordinaria busca consolidar «más derechos y más mejoras» en el marco de la agenda progresista del Gobierno. El ministro ha subrayado que la intención es reforzar la protección social tanto en el presente inmediato como en la proyección de la próxima legislatura, asegurando que las instituciones mantengan su capacidad de acción ejecutiva hasta el último tramo del periodo electoral.
Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya había adelantado la posibilidad de recurrir a sesiones extraordinarias para dar salida a asuntos que permanecían pendientes en la agenda gubernamental. En la reunión celebrada este martes, el Ejecutivo ha iniciado este ciclo normativo con la aprobación de un real decreto-ley enfocado en mejorar la situación de las familias monoparentales.
La nueva normativa aprobada busca reconocer jurídicamente a las familias monoparentales y monomarentales para reforzar su protección social y apoyo institucional. Según el presidente Sánchez, esta medida responde a una necesidad de justicia social para facilitar la crianza y garantizar que este tipo de estructuras familiares cuenten con un respaldo público robusto, reduciendo así su vulnerabilidad económica y social.
Con este despliegue de actividad administrativa, el Gobierno pretende culminar su programa de reformas sociales antes del inicio oficial de la campaña electoral, centrando sus últimos esfuerzos ejecutivos en la protección a la familia y el blindaje de los servicios públicos.
