El Gobierno evalúa el impacto del nuevo sistema de costes del transporte ante el malestar de la industria

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha iniciado una ronda de contactos con los principales agentes de la cadena logística tras la entrada en vigor del Real Decreto-ley 7/2026. La normativa, aprobada en el contexto de la inestabilidad internacional derivada del conflicto en Oriente Medio, introduce cambios significativos en la revisión de los precios del transporte por carretera que han generado discrepancias entre los transportistas y el resto de los actores económicos, incluyendo la industria, las distribuidoras y las grandes superficies.

El núcleo de la controversia reside en la actualización del sistema de cálculo establecido en la Ley 15/2009 del contrato de transporte terrestre de mercancías. Según la nueva disposición, el mecanismo para repercutir las variaciones del precio del gasóleo en las facturas excluye ahora tanto la subvención directa de 0,20 euros por litro como las rebajas fiscales aplicadas al Impuesto de Hidrocarburos y al IVA. Esta metodología permite a los transportistas incrementar sus tarifas basándose en el precio bruto del combustible, sin descontar las ayudas públicas o las reducciones impositivas vigentes.

Fuentes gubernamentales admiten la existencia de un desequilibrio en favor de los intereses del sector del transporte frente a los cargadores y distribuidores. Por ello, el Ejecutivo trabaja actualmente en la búsqueda de una solución de consenso que permita mitigar el impacto económico sobre los supermercados y la industria, quienes advierten de un efecto acumulativo en los costes que podría trasladarse finalmente al consumidor final.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha defendido la idoneidad de la medida argumentando la necesidad de evitar la ruptura de la cadena de suministro y garantizar que las empresas del sector no operen a pérdidas. Desde el Ministerio se destaca que el 95% del transporte interior de mercancías se realiza por carretera y que el tejido empresarial está compuesto en un 86% por pequeñas y medianas empresas con flotas reducidas, lo que las hace especialmente vulnerables a la volatilidad energética.

La adopción de este Real Decreto responde también a un objetivo estratégico de paz social. Tras la experiencia de los paros de 2022, el Gobierno busca consolidar lo que el propio ministro ha calificado como un «momento dulce» en las relaciones con las asociaciones de transportistas. La prioridad del departamento es evitar cualquier conflicto laboral que pueda agravar la situación económica, especialmente tras los recientes incidentes en la red ferroviaria y la presión inflacionaria global.

El escenario internacional añade urgencia a estas medidas de protección sectorial. La escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán ha provocado el cierre intermitente del estrecho de Ormuz, una vía marítima esencial para el comercio de crudo. Las recientes amenazas diplomáticas y la interceptación de buques en la zona mantienen en alerta a los mercados energéticos, lo que ha llevado al Ejecutivo español a blindar la capacidad operativa de los transportistas como medida de seguridad nacional ante posibles nuevos incrementos en el precio de los hidrocarburos.