El Gobierno central descarta el colapso del sistema de menores en Extremadura y tilda de inconstitucional la «prioridad nacional»
El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha rechazado las afirmaciones de la Junta de Extremadura sobre un posible agotamiento de los recursos destinados a la acogida de menores migrantes no acompañados. Según los datos aportados por la Administración central, la comunidad autónoma tutela actualmente a 107 menores, una cifra que se sitúa lejos de las 364 plazas totales disponibles en la región. Con estos indicadores, Quintana ha asegurado que no existe un «colapso generalizado» ni una situación que sitúe el sistema al límite de sus capacidades.
La comparecencia del delegado responde a las recientes declaraciones del Ejecutivo autonómico, que ha manifestado la imposibilidad de acoger a más menores bajo el argumento de que el sistema de protección se encuentra «prácticamente colapsado». Quintana ha recordado que, si bien la competencia sobre los menores recae en la administración regional, el Estado central acompaña esta gestión con financiación específica, mencionando los 35 millones de euros asignados a las comunidades autónomas para sufragar estos servicios de acogida.
En su análisis de la situación migratoria, el delegado ha diferenciado la realidad extremeña de la «presión clarísima» que sufren otros puntos del territorio nacional como Canarias, Ceuta y Melilla. En este sentido, ha apelado a la solidaridad interterritorial como eje fundamental para la gestión de la crisis migratoria, subrayando que la ley obliga a la protección de los menores por encima de cualquier debate ideológico o partidista, y ha advertido que la generación de «alarma social» dificulta la gestión responsable de este ámbito.
Por otro lado, la delegación del Gobierno ha cuestionado la legalidad de la estrategia de desregulación administrativa iniciada por la Junta de Extremadura, la cual pretende implantar el principio de «prioridad nacional» en el acceso a las ayudas públicas. Quintana ha sido tajante al sostener que este concepto «no cabe dentro de la Constitución española», argumentando que la Carta Magna garantiza que los derechos y obligaciones deben aplicarse bajo los principios de igualdad y no discriminación.
Para el representante del Gobierno central, las ayudas públicas deben concederse en función de criterios objetivos como la renta, la necesidad o el grado de vulnerabilidad de las personas, y no basarse en su origen geográfico. Ha señalado que establecer distinciones entre ciudadanos extremeños y los procedentes de otras comunidades o países «rompe los principios básicos del Estado de Derecho» y contradice el carácter solidario que, a su juicio, ha caracterizado históricamente a la sociedad extremeña.
Finalmente, Quintana ha vinculado los postulados de la «prioridad nacional» con discursos de la extrema derecha que, según ha afirmado, han perdido el pudor en manifestar posiciones insolidarias en la esfera pública. El delegado ha concluido que Extremadura debe seguir contribuyendo al equilibrio del sistema nacional de acogida, evitando la adopción de medidas que puedan aislar a la comunidad del marco jurídico vigente y de los compromisos de cohesión entre regiones.
