Ceuta recurre al Supremo por la «inactividad» del Gobierno ante la crisis migratoria

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha anunciado la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Ejecutivo central, denunciando una presunta «inactividad» del Estado en la tramitación de los expedientes de inmigrantes adultos. La decisión se produce tras la entrada de miles de personas el pasado mes de julio y la falta de respuesta satisfactoria a los requerimientos previos enviados desde la ciudad autónoma.

El portavoz del Ejecutivo ceutí, Alejandro Ramírez, confirmó este martes que el Consejo de Gobierno ha aprobado la vía judicial después de que el gabinete presidido por Pedro Sánchez no atendiera el requerimiento presentado el pasado 18 de septiembre. La administración de Juan Jesús Vivas sostiene que la administración central no ha cumplido con sus obligaciones competenciales en materia migratoria para gestionar la situación de los adultos que permanecen en la ciudad.

En respuesta a este movimiento legal, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, defendió la gestión del Gobierno nacional durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Saiz calificó la situación actual en Ceuta como de «normalidad» y confirmó que se contestó al requerimiento de la ciudad autónoma de forma «denegatoria», argumentando que los planteamientos de inacción no se ajustan a la realidad de los hechos.

La ministra portavoz detalló que, desde el pasado 10 de agosto, se ha gestionado el retorno a Marruecos de 12.705 personas, de las cuales 12.142 lo hicieron de manera voluntaria y 536 a través de procesos de expulsión por orden judicial. Asimismo, subrayó que el Ejecutivo ha trabajado de manera «intensa» en la filiación de 3.331 menores, elogiando la labor de coordinación realizada por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Desde el Gobierno central se insiste en que la política aplicada se basa en la «lealtad institucional» y la «mano tendida» hacia la ciudad autónoma. Según Saiz, el Ministerio de Inclusión y el resto de departamentos implicados han mantenido una colaboración constante para afrontar el desafío migratorio, rechazando que exista una parálisis administrativa en la tramitación de expedientes.

Este nuevo escenario judicial tensa las relaciones entre el Gobierno de Ceuta, liderado por el Partido Popular, y el Ejecutivo central en un momento de especial sensibilidad migratoria en la frontera sur. El Tribunal Supremo deberá ahora dirimir si ha existido omisión de funciones por parte del Estado o si, como defiende la ministra Saiz, la respuesta de la administración central ha sido proporcionada y ajustada a sus responsabilidades.