El Gobierno de España y la Ciudad Autónoma de Ceuta han evidenciado este domingo un distanciamiento en la gestión de la crisis migratoria tras las críticas públicas emitidas por los ministros de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, contra el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas. El cruce de declaraciones se produce en un contexto de bloqueo administrativo sobre la instalación de infraestructuras temporales para la acogida y el retorno de migrantes en la zona portuaria.
El titular de Transportes, Óscar Puente, ha cuestionado la autonomía institucional de Vivas, asegurando a través de sus redes sociales que el presidente autonómico ha asumido un papel secundario supeditado a la estrategia nacional del Partido Popular. Según el ministro, esta postura dificulta la resolución de la crisis en la ciudad autónoma, en lo que ha calificado como un «bucle» de falta de alternativas por parte de la oposición para la reubicación de menores no acompañados en otras comunidades autónomas.
Por su parte, Ángel Víctor Torres, designado responsable del mando único para esta crisis, ha señalado en sendas intervenciones en La Vanguardia y Televisión Española una supuesta falta de lealtad por parte del Ejecutivo ceutí. Torres ha recordado que el Partido Popular votó en contra de la reforma de la Ley de Extranjería para la redistribución obligatoria de menores, una medida que el propio Vivas había solicitado inicialmente para aliviar la presión asistencial en la ciudad.
El núcleo del conflicto administrativo reside en la instalación de carpas de emergencia. El Ministerio de Transportes ha autorizado, mediante una orden que invoca razones de interés general y Seguridad Nacional, el uso de 16.000 metros cuadrados de dominio público portuario en la Ampliación de Poniente. Esta decisión se ha tomado de forma unilateral tras el rechazo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta, controlado por la administración local, a ceder dichos espacios el pasado viernes.
Torres ha defendido el carácter estrictamente provisional de estas instalaciones, argumentando que su objetivo es facilitar la filiación y el retorno de las personas que han entrado irregularmente en territorio español. El ministro ha subrayado que las ubicaciones propuestas inicialmente, como parcelas en el puerto y la zona de La Reina, fueron validadas en el Consejo de Seguridad Nacional con la presencia del propio Vivas, lamentando que posteriormente se hayan presentado informes técnicos contrarios a su ejecución.
Desde el Ejecutivo central se ha insistido en que la falta de consenso sobre los emplazamientos —incluyendo el hospital militar, polideportivos o acuartelamientos— deja al Gobierno sin margen de maniobra para evitar que los migrantes permanezcan en espacios públicos o asentamientos informales. Torres ha apelado a la responsabilidad de la oposición y ha defendido la colaboración con Marruecos, destacando que dicha cooperación ha permitido el retorno de un alto porcentaje de las personas que accedieron a la ciudad durante el pico de la crisis en julio.
La situación mantiene en suspenso la operatividad logística en el puerto de Ceuta, mientras el Gobierno central reitera que actuará con «contundencia» si se presentan pruebas sobre la autoría o facilitación de las entradas masivas, al tiempo que pide prudencia institucional para no comprometer las relaciones diplomáticas necesarias para la gestión de la frontera.
