La Ciudad Autónoma de Ceuta se encuentra inmersa en una de las crisis migratorias más severas de los últimos cinco años tras la entrada masiva de miles de personas a través de la frontera de El Tarajal. La situación, que ha desbordado las capacidades operativas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ha motivado el anuncio del despliegue del Ejército y la visita institucional del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para abordar la emergencia sobre el terreno.
Durante la jornada del jueves, el goteo constante de personas que cruzan a nado o a pie por el espigón se transformó en una oleada humana que, según estimaciones policiales, podría haber alcanzado las 20.000 entradas. Esta presión migratoria ha provocado situaciones de extrema tensión en el perímetro fronterizo, donde la Guardia Civil se vio incapaz de frenar el avance ante la falta de medios y la aparente inacción de las autoridades marroquíes en el lado opuesto de la frontera. El balance humano de la travesía es trágico, con al menos diez fallecidos registrados en las últimas horas.
El Ministerio del Interior ha atribuido este incremento a la actividad de las mafias de tráfico de personas, que habrían instrumentalizado una reciente sentencia del Tribunal Supremo. El fallo, dictado el pasado 8 de julio, prohíbe las devoluciones en caliente de los inmigrantes que acceden por vía marítima, al considerar que no superan un elemento de contención física como las vallas. Esta resolución jurídica ha generado un «efecto llamada» según denuncian asociaciones profesionales del instituto armado, que critican que las órdenes vigentes impiden ejecutar rechazos en frontera inmediatos para quienes llegan nadando.
Desde el ámbito diplomático, analistas de inteligencia vinculan el pico de llegadas con factores geopolíticos recientes. La normalización de relaciones entre España y Argelia, sellada con la visita de Pedro Sánchez a dicho país tras la ruptura por el giro sobre el Sáhara Occidental, habría generado malestar en el Reino de Marruecos. A ello se suma el trámite parlamentario de una ley que prevé conceder la nacionalidad española a los saharauis nacidos antes de 1977, una medida que contrasta con la posición marroquí sobre dicho territorio.
Ante la magnitud de los hechos, el presidente de Ceuta, Juan José Vivas, ha solicitado formalmente declarar la emergencia nacional y el cierre de la frontera. Si bien Interior ha descartado la declaración de emergencia por no ajustarse a la normativa de protección civil para flujos migratorios, el Ejecutivo central ha confirmado un refuerzo especial de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como la activación de unidades militares para colaborar en las labores de vigilancia y control.
La respuesta del Gobierno incluye la negociación de acuerdos de devolución con Marruecos para agilizar los trámites de retorno de quienes han entrado de forma irregular. No obstante, expertos en extranjería advierten de la complejidad jurídica de estos procesos tras la sentencia del Supremo. Desde la Asociación Española de Guardias Civiles se ha instado al Ministerio a instalar barreras físicas en el mar, como balizas o redes, que permitan asimilar las entradas marítimas al régimen especial de Ceuta y Melilla avalado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Finalmente, diversos sectores parlamentarios y asociaciones de la Guardia Civil apuntan a la necesidad de una reforma de la Ley de Extranjería. Sostienen que el Gobierno perdió una oportunidad en la modificación legislativa de marzo de 2025 para clarificar el régimen de devoluciones en el mar, una omisión que, según denuncian, ha dejado a los agentes en la frontera en una situación de inseguridad jurídica frente a crisis de esta envergadura.
