HATTA Energy recurre ante la Justicia la denegación del estatus de operador confiable por la Agencia Tributaria
HATTA Energy, cuarto operador de hidrocarburos en España, se encuentra a la espera de que la Administración del Estado resuelva los recursos interpuestos contra la decisión de la Delegación de la Agencia Tributaria en Galicia de denegarle la condición de «operador confiable». La controversia ha trascendido al ámbito judicial mediante una querella admitida a trámite, cuyas diligencias de investigación lidera actualmente un juzgado de instrucción para esclarecer presuntas irregularidades en el proceso administrativo.
La negativa de los funcionarios de Hacienda se fundamenta en una supuesta falta de solvencia financiera de la compañía gallega. Por su parte, la dirección de HATTA Energy califica de «incomprensible» esta posición, aportando datos de su balance contable: una facturación de 3.451 millones de euros en los primeros nueve meses de 2026, cifra que prácticamente iguala el ejercicio total de 2025. Asimismo, la entidad destaca haber abonado de forma anticipada 543 millones de euros en concepto de IVA, cumpliendo con el rigor tributario exigido.
La ausencia de esta calificación administrativa sitúa a la empresa en un escenario de desventaja financiera, al verse obligada a adelantar el 110 por ciento del IVA en cada operación. Según la compañía, este «limbo» normativo no solo afecta a su liquidez y salud financiera, sino que bloquea inversiones estratégicas comprometidas con la Xunta de Galicia. Entre estos proyectos figura la creación de un hub de combustible verde y plantas de producción de biodiésel, además de diversas actuaciones de carácter social en la región.
Desde el punto de vista jurídico, la figura del «operador confiable», de reciente creación, está siendo cuestionada ante la Audiencia Nacional. Diversas empresas del sector han iniciado un contencioso al considerar que la normativa vigente vulnera la libertad de empresa y la libre competencia. Argumentan que el diseño actual de la norma impone barreras arbitrarias que alteran la legislación europea y terminan repercutiendo en el precio final que los ciudadanos abonan en las estaciones de servicio.
Javier Alonso, CEO de HATTA Energy, ha lamentado que la Administración no vele por el principio de proporcionalidad reconocido en el derecho de competencia de la Unión Europea. Según Alonso, la intensidad regulatoria debería guardar relación con el riesgo real que se pretende evitar y no con el tamaño del operador. El directivo sostiene que la situación actual «destroza la competencia» en un momento crítico para la economía nacional, marcado por la escalada de los precios de la energía.
