Hazte Oír denuncia ante organismos europeos los indultos por corrupción concedidos por el Gobierno
La asociación Hazte Oír ha presentado este jueves cinco escritos de denuncia ante diversas instituciones internacionales para cuestionar la legalidad y la oportunidad de los indultos concedidos por el Gobierno de España a Laura Borràs, Natalio Grueso y Juan Fernández, todos ellos condenados por delitos relacionados con la corrupción. Los documentos han sido remitidos al Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), la Comisión de Venecia, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y su Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE).
El eje central de la actuación jurídica se sitúa ante el GRECO. La asociación solicita que este organismo incorpore los tres indultos a su proceso de seguimiento sobre España, tras recordar que en su última evaluación pública el organismo consideró insuficiente el grado de cumplimiento del país en materia de integridad de altos cargos. Según el escrito, 16 recomendaciones permanecen parcialmente aplicadas y tres no han sido atendidas, por lo que Hazte Oír insta a examinar si estas medidas de gracia debilitan el carácter «efectivo, proporcionado y disuasorio» de las sanciones por corrupción exigidas por los convenios internacionales.
La denuncia subraya que los decretos publicados emplean una redacción que la asociación califica de «genérica», al limitarse a invocar razones de «justicia y equidad». El texto presentado ante las instituciones europeas critica que no se hayan explicitado las circunstancias concretas para la concesión del perdón ni se haya hecho público el sentido de los informes preceptivos, aunque no vinculantes, emitidos por los tribunales sentenciadores y la fiscalía.
En el caso específico de Laura Borràs, expresidenta del Parlamento de Cataluña condenada por prevaricación y falsedad documental, la asociación argumenta que el indulto responde a una «decisión política» y no a un estricto cumplimiento de la sentencia. Nouna Lozano, abogada y portavoz de la entidad, ha señalado que, si bien el tribunal propuso un indulto parcial, dicha propuesta no era vinculante para el Ejecutivo. La reducción de la pena permite, en la práctica, que la condenada pueda evitar su ingreso en prisión al quedar la condena reducida a dos años.
Por otro lado, Hazte Oír ha requerido a la Comisión Europea que integre el análisis de estos indultos en el próximo ciclo sobre el Estado de Derecho en la Unión. Asimismo, se ha solicitado al Parlamento Europeo que valore la comparecencia de responsables gubernamentales para ofrecer explicaciones sobre los criterios seguidos en la concesión de estas medidas de gracia a personas condenadas por delitos contra la administración pública.
Finalmente, la petición ante la Comisión de Venecia busca que el caso sea incorporado a sus trabajos técnicos sobre el ejercicio del derecho de gracia en los estados miembros del Consejo de Europa. Con esta ofensiva legal en el ámbito comunitario, la asociación pretende que las instituciones internacionales supervisen si estas decisiones gubernamentales se ajustan a los estándares europeos de lucha contra la corrupción y separación de poderes.
