Hazte Oír anuncia acciones legales ante el presunto incumplimiento del mandato del Supremo sobre el voto exterior
La asociación Hazte Oír ha manifestado su intención de emprender medidas legales contra las autoridades y funcionarios que autoricen el voto de los ciudadanos nacionalizados bajo la denominada «Ley de Nietos» cuya inscripción en el censo electoral permanece suspendida por orden del Tribunal Supremo. La organización responde así a las informaciones que apuntan a que el Gobierno habría dado instrucciones a los consulados para admitir estos sufragios en el proceso electoral actualmente en curso.
A través de fuentes institucionales, la asociación ha reiterado su compromiso con la vigilancia del proceso y ha avanzado que se encuentra trabajando en herramientas para supervisar el desarrollo de las votaciones. Hazte Oír sostiene que cualquier instrucción que contravenga la suspensión dictada por el Alto Tribunal constituye un desafío a la autoridad judicial, independientemente del cargo de quien emita o ejecute la orden.
Advertencias previas y marco jurídico
La entidad recuerda que ya el pasado 14 de octubre advirtió públicamente sobre la interposición de denuncias si se detectaban irregularidades en el Censo de Residentes Ausentes (CERA). Según la postura de la asociación, el uso de una «urna paralela» para recoger votos de personas cuyo derecho al sufragio ha sido cautelarmente suspendido por el Tribunal Supremo no constituye una medida de custodia, sino un incumplimiento directo de una resolución judicial.
El conflicto jurídico se centra en la interpretación de las facultades consulares durante el periodo de votación. De acuerdo con las resoluciones del Tribunal Supremo, si bien se permite la recogida de la documentación de los afectados por la Ley de Nietos de forma separada, existe una prohibición expresa de introducir dichos documentos en las urnas electorales hasta que se resuelva su situación censal definitiva.
Calendario electoral en el exterior
El proceso de voto en urna en las sedes consulares dio comienzo este sábado y está previsto que se prolongue hasta el próximo 26 de noviembre. Durante estas jornadas, la vigilancia sobre el cumplimiento de las normativas de inscripción y los mandatos judiciales será clave para garantizar la integridad del proceso.
Desde el ámbito asociativo se insiste en que la obligación de actuar recae sobre todos los niveles de la administración involucrados en la custodia del voto exterior. El anuncio de posibles querellas judiciales busca, según la organización, asegurar que el procedimiento se ajuste estrictamente a la legalidad vigente y a los pronunciamientos judiciales emitidos hasta la fecha.


