Las acusaciones solicitan al Tribunal de Cuentas que David Sánchez reintegre los salarios percibidos en la Diputación de Badajoz
Diversas acusaciones populares, entre las que se encuentran la asociación Hazte Oír, Iustitia Europa y el Partido Popular, han iniciado acciones legales ante el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Provincial de Badajoz para reclamar la devolución de las retribuciones abonadas a David Sánchez por la corporación provincial. La iniciativa surge tras la sentencia condenatoria de mediados de julio, que impuso al hermano del presidente del Gobierno una pena de nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación, pero no ordenó de oficio el reintegro de las nóminas percibidas entre 2017 y 2025.
Hazte Oír ha formalizado un recurso y una denuncia contable para recuperar un total de 340.572 euros, cantidad que el ente provincial desembolsó por lo que la asociación califica como un puesto creado a medida y carente de función real. Según el escrito remitido a las autoridades judiciales, la asociación busca abrir la vía contable que la propia resolución de la Audiencia de Badajoz dejó expedita, al no haberse pronunciado el tribunal penal sobre la responsabilidad civil derivada del menoscabo de caudales públicos.
Diferencias en la cuantificación del perjuicio económico
Por su parte, el Partido Popular eleva la cifra del presunto perjuicio a las arcas públicas hasta los 416.798 euros. Esta cuantía desglosada incluye 320.614 euros en concepto de retribuciones brutas percibidas por Sánchez como director de la Oficina de Artes Escénicas, sumados a 96.184 euros correspondientes a las cotizaciones a la Seguridad Social asumidas por la Diputación de Badajoz. Los populares han presentado una denuncia administrativa interna en la propia institución para exigir el reintegro inmediato de estos fondos.
Iustitia Europa también se ha sumado a la ofensiva legal ante el Tribunal de Cuentas, ampliando el foco de la investigación al exasesor de Moncloa, Luis Carrero. Esta formación cifra en 427.561 euros las cantidades percibidas por Carrero y solicita que se investiguen no solo los salarios, sino también los gastos derivados de dietas, desplazamientos y el coste de oportunidad de que otros empleados públicos tuvieran que asumir las funciones teóricamente asignadas a los puestos investigados.
Fundamentos de la reclamación y hechos probados
Las reclamaciones se fundamentan en los hechos probados de la sentencia que condenó a David Sánchez y a otros nueve acusados, entre ellos al expresidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, quien recibió una pena de 18 años de inhabilitación por dos delitos de prevaricación. El fallo judicial concluyó que la creación de la plaza fue una simulación para ajustarse a las necesidades del beneficiario, subrayando que el músico apenas acudió a su puesto de trabajo y que sus funciones de coordinación fueron prácticamente inexistentes.
La Audiencia de Badajoz rechazó inicialmente la devolución de las cantidades en el ámbito penal argumentando que las acusaciones populares carecían de legitimación para instar dicha medida al no ostentar la condición de perjudicadas directas. Ante esta situación, las organizaciones han recurrido al Tribunal de Cuentas para que se cuantifique el daño efectivo a la administración y se proceda al embargo preventivo de los responsables para garantizar la recuperación de los fondos.
Finalmente, las acusaciones han solicitado que se recabe toda la documentación administrativa relativa al proyecto Ópera Joven, dirigido por Sánchez, así como las nóminas y expedientes de personal completos. El objetivo es determinar con exactitud qué parte de las cantidades abonadas contó con una prestación laboral efectiva y qué porcentaje careció de contraprestación real por parte del condenado.
