Las acusaciones elevan a definitivas sus peticiones de cárcel para David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo
Las acusaciones populares integradas por HazteOir, Abogados Cristianos e Iustitia Europa han elevado a definitivas sus conclusiones en el marco del juicio que se sigue en la Audiencia de Badajoz. Los colectivos solicitan una pena de seis años de prisión para David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación. Asimismo, reclaman cuatro años de cárcel para el expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y penas de entre uno y un año y medio para otros nueve investigados vinculados a las áreas de Recursos Humanos y Cultura de la institución provincial.
Durante la jornada de este lunes, los letrados de las tres organizaciones han coincidido en calificar de «arbitrario» e «ilegal» el proceso de creación y adjudicación de la plaza de coordinador de actividades de conservatorios, que posteriormente cambió su denominación a jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Según el escrito de las acusaciones, los hechos enjuiciados responden a una voluntad predeterminada de otorgar el puesto a David Sánchez, obviando los principios de igualdad, mérito y capacidad en la función pública.
El letrado de HazteOir, José María Pérez-Roldán, ha descrito el procedimiento administrativo como una «representación teatral» diseñada para dar apariencia de legalidad a una decisión tomada de antemano. En su argumentación, ha sostenido que las pruebas documentales y testificales revelan la existencia de un perfil profesional diseñado a medida del acusado. Además, ha vinculado cronológicamente la creación de la plaza con hitos políticos del año 2017, sugiriendo que factores externos influyeron en la estructura orgánica de la Diputación pacense.
Por su parte, la representación de Abogados Cristianos, ejercida por Polonia Castellanos, se ha apoyado en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para señalar las «irregularidades» detectadas en el proceso selectivo. Castellanos ha subrayado la existencia de dos actas de valoración de candidatos con resultados contradictorios: una primera donde figuraban seis aspirantes aptos y una segunda donde únicamente David Sánchez cumplía con los requisitos para el puesto. Según la letrada, este hecho evidencia la manipulación de los criterios de selección.
Iustitia Europa, a través del abogado Luis María Pardo, ha incidido en que la creación de la plaza no contó con una justificación técnica o administrativa previa que acreditara su necesidad. Pardo ha denunciado que la comisión asesora fijó los criterios de valoración de forma extemporánea, cuando los candidatos ya habían sido citados para las entrevistas personales. Asimismo, ha señalado la presunta «fabricación» de documentos, indicando que algunos contratos de alta dirección carecían de firmas electrónicas originales y fueron rubricados de forma manual con posterioridad al inicio de las investigaciones.
Finalmente, las tres acusaciones han calificado de «decepcionante» la postura de la Fiscalía durante la fase de juicio oral, al considerar que su labor se ha aproximado más a una estrategia de defensa que a la de la acusación pública. El tribunal de la Audiencia de Badajoz deberá ahora valorar si los hechos descritos constituyen un concurso de delitos de tráfico de influencias y prevaricación, una vez que el cargo de aceptación de nombramiento ilegal fuera declarado prescrito en fases anteriores del proceso.
