La acusación popular recurre la autorización de viaje a Londres concedida a Begoña Gómez
La acusación popular unificada en el procedimiento que investiga a Begoña Gómez, coordinada por la asociación HazteOír, ha interpuesto un recurso contra la decisión del magistrado Antonio Viejo —sustituto del juez titular Juan Carlos Peinado— de autorizar el desplazamiento de la investigada a Londres. El permiso judicial permitiría a la esposa del presidente del Gobierno viajar a la capital británica entre el 8 y el 10 de julio para asistir a la graduación de su hija.
En el escrito remitido al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, las acusaciones sostienen que esta autorización representa un «trato de favor manifiestamente desigual e injustificado» en comparación con otros investigados sujetos a medidas cautelares similares. El recurso solicita la revocación íntegra del permiso y el mantenimiento de la prohibición de salida del territorio nacional, así como la retirada del pasaporte, medidas que fueron acordadas el pasado 20 de junio.
La argumentación del recurso subraya que Gómez se enfrenta a posibles penas que suman hasta 24 años de prisión, lo que, a juicio de la acusación, exige un «riguroso escrutinio» ante cualquier solicitud de levantamiento parcial de las cautelares. Advierten que la concatenación de viajes internacionales incrementa el riesgo de sustracción a la acción de la justicia, especialmente tras la salida del Reino Unido del espacio judicial común de la Unión Europea tras el Brexit.
La acusación popular destaca una presunta contradicción en el criterio judicial, recordando que anteriormente se denegó a la investigada un desplazamiento a Turquía para asistir a la cumbre de la OTAN. El recurso alega que Londres, al igual que Turquía, se encuentra fuera de los mecanismos de cooperación automática de la Unión Europea, por lo que consideran que el auto recurrido aplica criterios distintos ante situaciones sustancialmente análogas sin una motivación suficiente.
El escrito enfatiza la posible vulneración del principio constitucional de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución Española. Según el texto presentado, «ningún investigado común, sin proyección mediática ni vinculación con las más altas instancias del poder ejecutivo», habría obtenido una autorización de esta naturaleza para asistir a un acto de índole familiar mientras pesan sobre él restricciones de movilidad internacional.
Finalmente, el recurso incide en que no se ha acreditado un cambio de circunstancias desde que se impusieron las medidas cautelares hace menos de tres semanas. La acusación advierte de que permitir este desplazamiento podría sentar un precedente que «desnaturalizaría» las medidas de control judicial, abriendo la puerta a futuras solicitudes basadas en la actividad institucional o personal del entorno de la presidencia del Gobierno.
