El presidente de Israel supedita el indulto a Netanyahu a un acuerdo previo con la Fiscalía

El presidente de Israel, Isaac Herzog, comunicó este domingo su decisión de no tramitar la solicitud de indulto presentada por el primer ministro, Benjamín Netanyahu, hasta que se agoten las vías de negociación con la Fiscalía General. El mandatario considera fundamental explorar un acuerdo extrajudicial que permita cerrar los procesos por corrupción que enfrenta el jefe del Gobierno antes de evaluar formalmente cualquier medida de gracia.

Según el comunicado oficial de la Presidencia, Herzog estima que una resolución pactada entre las partes representa la salida más «adecuada y apropiada» para la actual situación jurídica del mandatario. En este sentido, se ha informado que el jefe de Estado tiene previsto iniciar contactos en los próximos días con los equipos legales de Netanyahu y con la fiscal general, Gali Baharav-Miara, con el objetivo de impulsar un proceso de mediación penal intensivo.

Fuentes próximas a la Presidencia indican que Baharav-Miara podría verse compelida a participar en esta iniciativa de mediación institucional, a pesar de las posibles reservas técnicas o procesales. El movimiento de Herzog busca desbloquear un escenario judicial que mantiene al país en una constante tensión política y social desde hace años.

La petición de indulto fue remitida formalmente a la oficina de Herzog en noviembre de 2025. El proceso cobró relevancia internacional tras la intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien envió una misiva instando a la concesión del perdón presidencial. En aquel momento, la oficina de Herzog calificó la solicitud como «extraordinaria» y señaló que su evaluación definitiva requeriría informes técnicos detallados de las autoridades competentes y del asesor legal de la Presidencia.

Benjamín Netanyahu enfrenta actualmente cargos en tres causas distintas. El denominado Caso 1.000 investiga la recepción de regalos de empresarios a cambio de favores políticos; el Caso 2.000 analiza presuntos acuerdos para perjudicar a la competencia mediática; y el Caso 4.000 imputa delitos de soborno, fraude y abuso de confianza por una supuesta cobertura favorable en portales de noticias a cambio de beneficios regulatorios para empresas de telecomunicaciones.

La postura presidencial se produce en un clima de profunda división en la Knéset y en la sociedad israelí. Mientras que los sectores de la oposición rechazan cualquier medida que no incluya una admisión explícita de culpabilidad por parte del primer ministro, los aliados del Ejecutivo defienden el archivo de las causas alegando motivos de estabilidad institucional y la necesidad de poner fin a un proceso que consideran politizado.