La CGT retoma la huelga indefinida en el servicio de ‘handling’ de Groundforce en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha anunciado la reanudación de la huelga de carácter indefinido en los servicios de tierra (handling) de la empresa Groundforce en el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. La movilización, que se reactivó este jueves, responde a la falta de acuerdos entre la representación de los trabajadores y la dirección de la compañía, tras un periodo de suspensión del conflicto iniciado el pasado mes de agosto.

El sindicato, que ostenta la mayoría en el comité de empresa en la base de El Prat, ha justificado la vuelta a los paros tras el despido de dos representantes que formaban parte del comité de huelga. Según la organización sindical, la decisión de retomar las medidas de fuerza de forma indefinida se produce ante la imposibilidad de alcanzar una solución satisfactoria a las reivindicaciones planteadas por la plantilla.

Desde la CGT se ha señalado que la suspensión temporal de la huelga, adoptada semanas atrás, tuvo como objetivo facilitar las vías de diálogo y buscar una salida negociada al conflicto. Sin embargo, el sindicato denuncia que las negociaciones no han prosperado y critica el deterioro de las condiciones de trabajo, señalando factores como la falta de personal, las sobrecargas operativas y la elevada rotación de los empleados en el servicio.

Groundforce es uno de los principales operadores de asistencia en tierra en el aeropuerto barcelonés, encargándose de tareas críticas como la facturación, el embarque y la gestión de equipajes para diversas aerolíneas. La persistencia del conflicto laboral plantea interrogantes sobre la estabilidad operativa en la infraestructura aeroportuaria, especialmente ante la naturaleza indefinida de la convocatoria.

Por el momento, no se ha informado de nuevas reuniones programadas para acercar posturas entre las partes. El sindicato mantiene sus exigencias centradas en la mejora de las condiciones sociolaborales y el cese de las medidas disciplinarias contra los representantes de los trabajadores, mientras que la operatividad del servicio queda supeditada a la evolución de las movilizaciones.