La Policía identifica a un grupo de menores por una agresión sexual a una compañera de clase en Burgos
La Policía Nacional ha procedido a la identificación de un grupo de entre cinco y seis menores de edad, de entre 11 y 12 años, como presuntos autores de una agresión sexual grupal a una compañera de clase de su misma edad. Los hechos, ocurridos en Burgos el pasado mes de mayo, han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía de Menores, dado que los implicados son legalmente inimputables al no haber alcanzado la edad mínima de responsabilidad penal fijada en los 14 años.
Según consta en el atestado policial, el suceso tuvo lugar durante la celebración de una fiesta de cumpleaños en un local fuera del entorno escolar. La denuncia fue interpuesta por la familia de la víctima ante las autoridades policiales tras el episodio. Tras completar las diligencias de identificación de los presuntos agresores, la Policía Nacional ha dado traslado del expediente al Ministerio Fiscal para que se activen los protocolos correspondientes a la protección y atención de menores.
Medidas en el ámbito educativo
La Dirección Provincial de Educación de Burgos y el centro escolar donde cursan estudios tanto la víctima como los presuntos autores han intervenido en el caso desde que se tuvo conocimiento de los hechos. Inicialmente, los menores identificados fueron sancionados con una expulsión de cinco días. Tras su reincorporación al centro, la institución educativa ha optado por separar a estos alumnos del resto de su clase habitual, integrándolos en otros grupos con el objetivo de evitar su estigmatización y garantizar la convivencia.
Por su parte, la víctima ha reanudado su actividad académica bajo supervisión, si bien el entorno familiar y los informes recabados señalan que aún afronta secuelas físicas y emocionales derivadas del incidente. La comunidad educativa ha sido informada de la situación, manteniendo los protocolos de reserva necesarios en casos que involucran a personas menores de edad.
Procedimiento legal y administrativo
Debido a que los involucrados tienen edades comprendidas entre los 11 y los 12 años, el ordenamiento jurídico español establece que no pueden ser procesados penalmente. El procedimiento administrativo habitual en estos supuestos dicta que, una vez la Fiscalía de Menores recibe el atestado, el caso debe ser derivado a la Unidad de Intervención Educativa de la Junta de Castilla y León.
Este organismo será el encargado de determinar las medidas de intervención psicosocial y educativa necesarias para los menores identificados. La investigación policial ha precisado que, aunque en la celebración se encontraban más alumnos del mismo centro, solo una parte de ellos participó de forma directa en la agresión objeto de la denuncia.
