El Govern califica de avance hacia la normalidad el aval del Tribunal Constitucional a la amnistía por malversación

El Gobierno de la Generalitat de Cataluña, presidido por Salvador Illa, ha valorado positivamente la decisión del Pleno del Tribunal Constitucional de avalar la aplicación de la Ley de Amnistía al delito de malversación. Esta resolución judicial despeja el marco jurídico para los líderes del proceso independentista y abre la vía para el retorno a España del expresidente Carles Puigdemont, tras la desactivación de las medidas cautelares en su contra.

En la comparecencia posterior a la reunión semanal del Consell Executiu, la consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha afirmado que este pronunciamiento no debe entenderse como un punto final, sino como el comienzo de una etapa de normalidad institucional. Paneque ha subrayado que el ejecutivo autonómico siempre ha reclamado una aplicación diligente de la norma, recordando que la ley fue aprobada por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados.

Por su parte, el president Salvador Illa ha manifestado su respaldo a la resolución a través de sus redes sociales, donde ha señalado que el tiempo ha dado la razón a las tesis defendidas por su formación y el actual ejecutivo. Bajo la premisa de que Cataluña avanza, Illa ha enmarcado el fallo del tribunal de garantías como un paso necesario para la estabilidad política en el territorio.

La decisión del Tribunal Constitucional ha tenido efectos inmediatos en la vertiente judicial. El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha dejado sin efecto la orden nacional de busca, captura y detención que pesaba sobre Carles Puigdemont. Ante la posibilidad de un regreso inminente del líder de Junts, la portavoz Paneque ha aclarado que la Generalitat dispensará a Puigdemont el tratamiento protocolario e institucional que corresponde por ley a cualquier expresidente de la institución.

Con este aval a la constitucionalidad del perdón para el delito de malversación, el tribunal cierra uno de los debates jurídicos más complejos de la ley. La resolución definitiva permitirá a los órganos judiciales competentes aplicar el fallo de forma individualizada, lo que supone la extinción de responsabilidades penales para los cargos públicos que aún mantenían causas pendientes por la gestión económica relacionada con la consulta de 2017.