Illa anuncia la equiparación salarial para los servicios sociales externalizados y un presupuesto de 4.248 millones

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado este miércoles el compromiso del Govern para extender el acuerdo de equiparación salarial del tercer sector social a las entidades de servicios externalizados. Esta medida, presentada durante la cumbre del IV Plan de apoyo del Tercer Sector Social de Cataluña, busca igualar las retribuciones de estos profesionales con las de sus homólogos en los servicios de gestión pública directa.

La iniciativa amplía el marco del acuerdo alcanzado el pasado mes de mayo, que inicialmente afectaba a 120.000 trabajadores del sector. Según ha explicado el jefe del Ejecutivo autonómico, la extensión del pacto involucrará a diversos departamentos con competencias en la prestación de servicios sociales, incluyendo la conselleria de Igualdad y Feminismo, con el objetivo de consolidar la dignificación laboral en el ámbito de la asistencia ciudadana.

En el ámbito legislativo, Illa ha reivindicado el despliegue de la Ley del Tercer Sector Social. Esta normativa contempla la creación del Consejo de Diálogo Civil de Cataluña, órgano que se constituirá como el espacio formal de interlocución entre el Gobierno y las entidades. Además, como gesto de reconocimiento institucional, el Consell Executiu tiene previsto aprobar el próximo martes la declaración del 28 de mayo como el Día del Tercer Sector Social de Cataluña.

En materia presupuestaria, el presidente ha destacado que las cuentas públicas permitirán destinar 4.248 millones de euros a recursos sociales. Esta cifra representa un incremento del 28% respecto al ejercicio de 2023 y duplica los fondos de 2013. El objetivo, según el presidente, es edificar un sistema de protección social sólido para los próximos diez años que adquiera el mismo rango estructural que la educación o la sanidad pública.

Durante su intervención, Illa ha abogado por un cambio de paradigma en el que el sistema social sea proactivo y se acerque a la ciudadanía. Ha señalado que el refuerzo del Estado del bienestar es la herramienta necesaria para afrontar retos estructurales como el envejecimiento de la población, la pobreza infantil y el incremento del coste de la vida, todo ello bajo un enfoque de «humanismo social» orientado a preservar la convivencia.

Por su parte, la consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, ha detallado que el Govern trabaja en una nueva ley de instrumentos de provisión. Esta legislación pretende transformar el actual modelo de financiación, pasando de las subvenciones puntuales a un sistema de concertación estable y plurianual. La finalidad es reducir la presión financiera sobre las entidades y dotar de mayor calidad y estabilidad a la cartera de servicios sociales del territorio.