El incendio de Burgohondo se convierte en el más extenso de la historia de España con 50.000 hectáreas afectadas

El incendio forestal declarado en la localidad de Burgohondo, Ávila, ha calcinado ya una superficie estimada de 50.000 hectáreas, cifra que lo sitúa como el siniestro de mayor envergadura registrado en España desde que existen registros oficiales. La magnitud del fuego supera el récord previo establecido en agosto de 2025 por los incendios de Larouco, Quiroga y Oencia, que afectaron a 37.765 hectáreas en la zona noroeste del país.

La evolución de este fuego se suma a una campaña de alta intensidad en la península. Apenas diez días antes del inicio del foco en Ávila, el incendio de La Mierla, en Guadalajara, se había posicionado como el segundo más grave de la serie histórica con 32.000 hectáreas damnificadas. En términos globales, la suma de los incendios que afectan actualmente a las provincias de Ávila, Madrid y Toledo arroja un balance provisional de 77.000 hectáreas de terreno forestal y agrícola destruidas.

Ante la gravedad de la situación ambiental y social, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este martes un real decreto para declarar como zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil a los territorios asolados por las llamas. Esta medida administrativa permitirá agilizar la llegada de ayudas directas y recursos públicos para la reconstrucción y compensación de los daños en las comarcas damnificadas.

En el plano judicial y de seguridad, la Guardia Civil ha procedido a la detención de una persona y mantiene bajo investigación a un segundo individuo por su presunta responsabilidad en un delito de incendio forestal relacionado con el origen de las llamas en Burgohondo. La Junta de Castilla y León ha confirmado oficialmente que se personará como acusación en el procedimiento judicial que se instruya por estos hechos.

Los servicios de emergencia y brigadas forestales continúan trabajando en el perímetro de los incendios activos en el centro peninsular, mientras las autoridades mantienen la vigilancia sobre las condiciones meteorológicas que podrían dificultar las labores de extinción definitiva. La prioridad actual de las administraciones se centra en la estabilización de los focos remanentes y la evaluación técnica de los daños estructurales en las zonas rurales afectadas.