La disolución del Congreso activa el derecho a indemnización para 213 diputados salientes

A partir de las 00:00 horas de este martes, la entrada en vigor del decreto de disolución del Congreso de los Diputados supondrá el cese formal de 213 parlamentarios. Según el régimen económico de la Cámara, estos representantes podrán solicitar una indemnización de transición en un pago único, siempre que no perciban otros ingresos públicos o privados, cubriendo el periodo hasta la jornada previa a los comicios.

La cuantía de esta prestación, que debe ser solicitada de forma expresa por el interesado, se calcula habitualmente sobre la base de 52 días de retribución, periodo que media entre la disolución de las Cortes y la víspera de las elecciones. Se estima que las sumas oscilarán entre los 7.300 y los 9.600 euros, dependiendo de la circunscripción del diputado y los complementos por responsabilidades en las comisiones que desempeñaran hasta la fecha.

El desglose de esta ayuda incluye la asignación constitucional básica, fijada en 3.366,99 euros mensuales, a la que se añade la indemnización para gastos derivados de la actividad parlamentaria. Esta última cifra varía entre los 1.032,38 euros para los electos por Madrid y los 2.162,85 euros para los procedentes de otras provincias. El abono resultante está sujeto a la tributación correspondiente ante la Agencia Tributaria.

Mientras la mayoría de los parlamentarios pierden su condición de diputados, un grupo de 137 personas mantendrá sus prerrogativas hasta la constitución de la nueva Cámara. Este grupo está integrado por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y los 68 miembros titulares de la Diputación Permanente, junto con sus respectivos suplentes. Este órgano es el encargado de velar por los poderes de la institución durante el periodo de interregno parlamentario.

Una vez celebrados los comicios, aquellos diputados que no renueven su escaño podrán acceder a una prestación adicional denominada indemnización por cese, siempre que hayan cumplido un mínimo de dos años de mandato. Esta ayuda, equivalente a una mensualidad de la asignación constitucional por cada año de servicio, tiene un límite máximo de 24 mensualidades.

A diferencia de la indemnización de transición, el pago por cese se abona mensualmente para facilitar el control de incompatibilidades. Si el exparlamentario inicia una nueva actividad laboral o percibe cualquier otra retribución pública, el abono se suspende de forma inmediata. La nueva legislatura deberá quedar constituida, según los plazos legales, dentro de los 25 días posteriores a la celebración de las elecciones.