viernes, noviembre 20, 2026
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Infancia asume el retorno de menores de Ceuta a Marruecos

El Gobierno central asume desde el Ministerio de Infancia la gestión de los expedientes de retorno de menores en Ceuta

El Gobierno de España ha redefinido el protocolo de actuación para la gestión de los expedientes de retorno de los menores migrantes no acompañados que permanecen en Ceuta tras los últimos incrementos en las llegadas. El Ministerio de Juventud e Infancia, dirigido por Sira Rego, asume ahora la potestad de remitir a las autoridades de Marruecos los dosieres elaborados por la Policía Nacional para la reagrupación familiar, una tarea que hasta la fecha centralizaba la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.

Este cambio organizativo otorga al departamento de Infancia la capacidad de decisión final sobre el envío y los plazos de los requerimientos policiales hacia Rabat. Según fuentes conocedoras del proceso, el objetivo de esta medida es priorizar el enfoque de protección al menor en el marco de la normativa vigente, garantizando que cada expediente cumpla con las salvaguardas de los derechos de la infancia antes de ser tramitado ante el país vecino.

La modificación en la cadena de mando administrativa coincide con una fase de escasa operatividad en los acuerdos de devolución. Hasta el momento, la Policía Nacional ha tramitado 189 expedientes hacia las delegaciones diplomáticas marroquíes, de los cuales 170 habrían sido enviados en meses previos sin haber obtenido, hasta la fecha, una respuesta oficial o acuse de recibo por parte de las autoridades del Reino de Marruecos, a pesar de la existencia de un acuerdo bilateral específico para estos casos.

Desde el Ministerio de Juventud e Infancia han matizado, no obstante, que la Comisaría de Extranjería mantiene sus competencias de acuerdo con el Reglamento de la Ley de Extranjería, si bien se reconoce que la interlocución y la evaluación del interés superior del menor son ejes centrales de su departamento. En comparecencias previas, la ministra Rego ha subrayado que la prioridad absoluta es la garantía de los derechos de los adolescentes y ha admitido la falta de una cooperación fluida con Rabat en esta materia.

La situación en la ciudad autónoma de Ceuta se mantiene en niveles de alta presión asistencial. Actualmente, la administración local atiende a 3.767 menores en 23 centros de acogida, una cifra que excede significativamente la capacidad ordinaria del sistema. A esta ocupación se suman los aproximadamente 500 jóvenes que, según estimaciones de diversas organizaciones no gubernamentales, pernoctan en asentamientos informales o en la vía pública.

Ante el bloqueo de las reagrupaciones familiares en Marruecos, el Ejecutivo contempla como escenario más probable la permanencia de gran parte de estos menores en territorio español. Para aliviar la saturación de los recursos ceutíes, se prevé la activación de traslados a diferentes comunidades autónomas, un proceso que, aunque amparado por la ley, presenta una ejecución gradual y supeditada a los acuerdos de reparto territorial.

Finalmente, la gestión migratoria en la zona también se enfrenta a dificultades en lo referente a la población adulta. A pesar de haberse iniciado cerca de 8.000 expedientes de expulsión, la ejecución de los mismos es mínima. La Policía Nacional advierte de la dificultad de localizar a los solicitantes una vez que estos inician los trámites de asilo y obtienen libertad de movimiento, lo que en la práctica dilata o impide la finalización de los procedimientos de retorno.

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