Un informe policial vincula a agentes de Marruecos con la crisis migratoria de Ceuta y altera la postura del Gobierno

El Gobierno de España ha modificado su discurso institucional tras la difusión de un informe de la Policía Nacional que atribuye al Reino de Marruecos una participación directa en la entrada masiva de personas en Ceuta ocurrida a finales de julio. El documento, elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif), describe los hechos como un proceso planificado para colapsar el sistema de control fronterizo, lo que contradice las declaraciones previas del Ejecutivo que exculpaban a las autoridades del país vecino de cualquier responsabilidad.

La investigación, que ya ha sido remitida a la Audiencia Nacional, señala que agentes marroquíes monitorizaron la ejecución de las llegadas sobre el terreno. Según el texto policial, estos efectivos actuaban bajo las órdenes de mandos de las fuerzas marroquíes vestidos de paisano, con un objetivo que el informe define como distinto del puramente migratorio. Esta conclusión supone un giro respecto a la posición mantenida por Moncloa, que hasta el momento no admitía evidencias de implicación estatal en la crisis.

Ante la aparición de estos datos, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dirigido una carta al director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, exigiendo verificar la existencia y el origen del documento. Interior solicita aclarar desde qué fecha disponía el cuerpo de esta información y por qué no fue puesta de inmediato en conocimiento del Consejo de Seguridad Nacional ni de la autoridad funcional designada para la gestión de esta crisis de interés para la seguridad nacional.

Hasta el pasado lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendía la plena cooperación de Marruecos y atribuía la movilización fronteriza a la difusión de noticias falsas por parte de redes de ultraderecha y a la injerencia de foros digitales ubicados en Rusia e Israel. Sánchez cuestionó públicamente los beneficios que podría obtener Rabat con estas tácticas, mientras que la ministra portavoz, Elma Saiz, negaba el pasado martes la existencia de cualquier indicio o informe que apuntara a la participación del país vecino.

En el seno del Ejecutivo, el tono ha virado hacia la contención. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha pedido máxima cautela a la espera de analizar los detalles del informe que el Gobierno asegura haber conocido por la prensa. Por su parte, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha condicionado la petición de explicaciones diplomáticas a Rabat a que se confirme de manera oficial el contenido de la investigación policial.

Desde el sector de Sumar en el Gobierno, las valoraciones han sido más determinantes. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha calificado de esencial aclarar cómo un informe de estas características no llegó a la cúpula de Interior y ha afirmado que Marruecos posee responsabilidad por acción u omisión en lo sucedido. Asimismo, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha instado a adoptar medidas diplomáticas si se ratifica la participación marroquí en lo que considera un escenario de extrema gravedad.