El Congreso requiere al Gobierno los informes técnicos y de seguridad sobre la regularización de inmigrantes
La Comisión Mixta de Seguridad Nacional ha aprobado el plan de trabajo para la creación de una ponencia encargada de analizar el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes puesto en marcha por el Gobierno. Esta iniciativa, impulsada por el Grupo Parlamentario Popular, obliga al Ejecutivo de Pedro Sánchez a remitir a las Cortes Generales la totalidad de los informes, memorias y dictámenes que justifican el real decreto aprobado el pasado 14 de abril, así como los análisis de impacto en la seguridad y los servicios públicos.
El plan de trabajo establece un calendario de comparecencias de 20 expertos y fija el 31 de diciembre como fecha límite para la emisión de un informe final. La ponencia estará integrada por 16 representantes parlamentarios: cuatro del PP, cuatro del PSOE, dos de Vox y uno por cada formación restante con representación en la comisión (Sumar, Junts, ERC, Bildu, PNV y Grupo Plural). El objetivo es fiscalizar el expediente normativo completo tras las observaciones críticas emitidas por el Consejo de Estado.
Advertencias del Consejo de Estado y despliegue operativo
Entre la documentación requerida destaca el dictamen íntegro del Consejo de Estado. El órgano consultivo, aunque dio el visto bueno general, advirtió sobre una «laguna llamativa» en el impacto presupuestario y cuestionó el «desorden» en la estructura normativa. Asimismo, el Consejo de Estado instó a garantizar que los solicitantes acrediten carecer de antecedentes penales y mostró dudas sobre la capacidad operativa de entidades como Correos y la empresa pública Tragsa para gestionar el volumen de solicitudes previsto.
La ponencia ha solicitado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la metodología detallada que sustenta la estimación de 500.000 potenciales beneficiarios. El Congreso reclama la distribución prevista por provincias, nacionalidades y perfiles, además de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo (MAIN) en sus vertientes económica, organizativa y de cargas administrativas.
Impacto en la seguridad y control de fraude
El control parlamentario se extenderá de forma específica a las competencias del Ministerio del Interior. Se ha solicitado un informe del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) sobre los riesgos de infiltración y utilización del proceso por redes de trata de seres humanos. Paralelamente, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras deberá aportar datos sobre patrones de fraude documental detectados, como contratos simulados o empadronamientos ficticios.
En el ámbito policial, la comisión exige conocer la capacidad operativa real de las unidades de extranjería (Ucrif) y el impacto que la gestión administrativa de este proceso tendrá en las labores de investigación criminal. También se ha solicitado la versión de las organizaciones sindicales policiales sobre la saturación de las oficinas y las garantías de verificación documental de las que disponen.
Contexto europeo y política de expulsiones
La ponencia también evaluará el encaje de la medida en el marco del Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea y el acervo Schengen. Para ello, se ha reclamado la relación de comunicaciones oficiales entre España y la Comisión Europea, buscando aclarar las dudas planteadas por Bruselas sobre la falta de notificación previa del proceso de regularización.
Finalmente, el plan de trabajo incluye el análisis de la eficacia de las órdenes de expulsión. Los grupos parlamentarios han solicitado las series estadísticas de los últimos cinco años para contrastar el número de salidas decretadas frente a las ejecutadas, así como el estado de los acuerdos de readmisión con países clave como Marruecos, Argelia, Senegal y Mauritania.
