El Ministerio del Interior blinda el Congreso ante la votación de los decretos de vivienda
El Ministerio del Interior ha diseñado un amplio despliegue policial para asegurar el Congreso de los Diputados este viernes, ante el riesgo de que las movilizaciones por la vivienda deriven en un intento de bloqueo a la Cámara Baja. El dispositivo coincide con una jornada parlamentaria clave en la que se someterán a votación dos decretos leyes sobre el control de alquileres, cuya validación permanece en el aire por la falta de apoyos garantizados entre los socios habituales del Ejecutivo.
El operativo de seguridad contará con la movilización de medio millar de agentes pertenecientes a la Unidad de Intervención Policial (UIP). Según confirman fuentes policiales, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha activado a las 12 unidades de antidisturbios con base en Madrid para establecer un perímetro de seguridad reforzado en torno al Palacio de la Carrera de San Jerónimo y sus calles aledañas.
La decisión de elevar la protección del Parlamento responde a los informes de las unidades de información, que han detectado planes de los colectivos acampados en la Puerta del Sol para trasladar sus protestas a las puertas del Congreso. Estas acciones, que evocan las movilizaciones de «Rodea el Congreso» de años anteriores, pretenden ejercer presión sobre los diputados durante la votación de las normas impulsadas por el PSOE y Sumar.
En el plano legislativo, el Gobierno afronta una sesión de alta incertidumbre. Junts ya ha adelantado su voto negativo a ambas normas, mientras que el PNV ha supeditado su apoyo a una sola de las disposiciones. Esta fragmentación en el bloque de investidura pone en riesgo la convalidación de las medidas urgentes en materia de alquiler, lo que incrementa la relevancia política de la jornada.
Respecto a la situación en la Puerta del Sol, donde cientos de personas mantienen una acampada reivindicativa, la Policía Nacional ha incrementado su presencia pero no prevé el desalojo inmediato. Fuentes del cuerpo señalan que, al tratarse de una protesta pacífica, se requiere de una resolución judicial expresa o de un escenario de altercados graves para proceder al desmantelamiento de las tiendas instaladas en la vía pública.
No obstante, la gestión de esta acampada ha derivado en un conflicto jurídico entre administraciones. La Comunidad de Madrid ha interpuesto este jueves un recurso contencioso-administrativo contra la Delegación del Gobierno por su presunta «inacción». El Ejecutivo autonómico ha solicitado medidas cautelarísimas a los tribunales para que se ordene la disolución inmediata de la concentración, alegando la ocupación ilegal del espacio público y los problemas de convivencia derivados.
Por su parte, la Delegación del Gobierno en Madrid, encabezada por Francisco Martín, mantiene la cautela y vincula cualquier actuación de desalojo a la evolución de los acontecimientos y a las órdenes judiciales pertinentes, priorizando por el momento el control del orden público y la seguridad de las instituciones del Estado.
