El Ministerio del Interior denegó la escolta a Leire Díez tras evaluar un riesgo bajo en sus denuncias
El Ministerio del Interior desestimó en dos ocasiones las solicitudes de servicio de escolta personal para la exmilitante socialista Leire Díez. Según fuentes ministeriales, los informes técnicos de valoración policial determinaron que el nivel de amenaza era «bajo» o «muy bajo», a pesar de lo cual se mantuvo activo un dispositivo de contravigilancia temporal durante un periodo de dos meses en el año 2025.
La cronología de los hechos, detallada por el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, sitúa la primera petición de protección el 5 de junio de 2025. Díez solicitó el servicio tras un incidente público con el comisionista Víctor de Aldama y la posterior interposición de una denuncia por amenazas. En aquel momento, la evaluación técnica concluyó que existía un riesgo bajo y una vulnerabilidad media, lo que derivó en la activación de una vigilancia discreta en Madrid que finalizó el 7 de agosto sin reportar incidentes de relevancia.
En noviembre de ese mismo año, la exmilitante volvió a requerir medidas de seguridad tras denunciar la recepción de lo que calificó como «llamadas sospechosas». No obstante, el nuevo análisis de riesgo realizado por los servicios policiales arrojó un resultado de nivel «muy bajo», motivo por el cual la Secretaría de Estado de Seguridad decidió no implementar nuevas medidas ni retomar la contravigilancia.
El asunto fue objeto de debate este martes en el Pleno del Senado. El ministro Fernando Grande-Marlaska compareció para responder a las preguntas del Grupo Parlamentario Popular, donde negó taxativamente haber asignado escoltas a Leire Díez. Durante su intervención, el titular de Interior defendió que la actuación de su ministerio se ajustó estrictamente a los protocolos técnicos y a las pautas que se aplican de forma ordinaria ante solicitudes de protección similares.
Desde el Ministerio del Interior han subrayado que la gestión de estos servicios de seguridad y protección personal está regulada por la Secretaría de Estado de Seguridad bajo criterios profesionales. La sesión parlamentaria estuvo marcada por un clima de tensión, en la que los senadores de la oposición manifestaron sus críticas a la gestión del ministro en el marco de las informaciones relativas a presuntas irregularidades.


