Un juzgado de Ceuta investiga seis presuntas agresiones sexuales a migrantes tras la entrada del 30 de julio
Un juzgado de instrucción de Ceuta ha iniciado una investigación para esclarecer seis presuntos casos de agresión sexual cometidos contra personas migrantes tras su acceso a la ciudad autónoma el pasado 30 de julio. La Delegación del Gobierno ha confirmado la apertura de las diligencias judiciales, aunque por el momento se mantiene la reserva sobre los detalles específicos de las actuaciones para proteger el curso de la investigación.
Según han informado fuentes judiciales y sanitarias, la mayoría de las supuestas víctimas identificadas hasta la fecha son mujeres. No obstante, las pesquisas no descartan que entre los afectados se encuentren también varones y menores de edad. Hasta el momento, las autoridades policiales no han efectuado detenciones relacionadas con estos hechos, mientras se trabaja en la identificación de los posibles autores.
La presión asistencial se ha hecho notable en el Hospital Universitario de Ceuta (HUCE), donde el volumen de personas que han acudido relatando episodios de violencia sexual es superior a las denuncias iniciales. Según los datos recabados, solo durante la jornada del martes 4 de agosto, el centro sanitario atendió tres posibles casos. Los testimonios trasladados al personal médico corresponden, en su mayoría, a mujeres jóvenes y niñas que permanecen en la ciudad tras los recientes cruces fronterizos.
La situación ha generado una honda preocupación en diversas zonas de la ciudad autónoma. En la barriada del Príncipe Alfonso, asociaciones vecinales han señalado la existencia de testimonios que apuntan a agresiones sufridas por menores en el entorno de la zona. Estos hechos han sido vinculados por los residentes a la situación de vulnerabilidad que atraviesan las personas que deambulan o permanecen concentradas en las barriadas tras la crisis migratoria.
Las autoridades locales y las fuerzas de seguridad continúan monitorizando los asentamientos y áreas de mayor concentración de personas migrantes para garantizar la seguridad ciudadana y prevenir nuevos incidentes, mientras el juzgado competente avanza en la toma de declaraciones y la práctica de pruebas periciales necesarias para el esclarecimiento de los delitos denunciados.
