El Juzgado de Instancia de Carlet ha acordado la remisión al Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Alzira de la investigación penal seguida contra el alcalde de Almussafes, Toni González, por presuntos delitos de agresión y acoso sexual. La magistrada fundamenta este traslado de competencias en la reciente reforma de la legislación orgánica, que amplía la jurisdicción de los juzgados especializados para incluir delitos contra la libertad sexual sin que sea requisito la existencia de una relación sentimental entre investigado y denunciante.
La resolución judicial, fechada el pasado 14 de septiembre, responde a las diligencias previas iniciadas en junio tras la denuncia presentada por una trabajadora municipal. Según el auto, el cambio de órgano competente no supone una declaración de culpabilidad ni la apertura inmediata de juicio oral, sino la continuación de la fase de instrucción bajo un marco jurídico que prioriza la atención especializada en casos de libertad sexual. Los hechos objeto de investigación se habrían iniciado, según la denuncia, en el año 2017.
El relato de la denunciante incluye episodios como un presunto beso no consentido e insinuaciones de carácter sexual continuadas en el tiempo. La empleada municipal sostiene que el regidor habría vinculado sus posibilidades de promoción profesional a su actitud personal hacia él. Asimismo, la causa recoge acusaciones de intromisión en la intimidad mediante comentarios públicos sobre cuestiones de salud y asuntos personales de la trabajadora, quien acudió inicialmente al canal interno de denuncias del PSOE antes de judicializar el caso.
En el plano político, Toni González fue expulsado del PSOE el pasado mes de marzo, coincidiendo con la difusión nacional de las acusaciones y el incremento de la tensión con la dirección autonómica del partido en la Comunidad Valenciana. A pesar de la expulsión, González permanece al frente de la alcaldía de Almussafes junto a los siete concejales de su lista, manteniendo la estructura del Grupo Municipal Socialista y la titularidad del gobierno local.
De forma paralela a la vía penal, la Agencia Valenciana Antifraude mantiene abierta una investigación para determinar si la trabajadora ha sufrido represalias laborales tras denunciar presuntas irregularidades en la empresa pública EMSPA. El organismo ha otorgado a la empleada el estatus de informante protegida y ha prorrogado el plazo de sus actuaciones hasta enero de 2027, dada la complejidad de las pruebas y testimonios que restan por analizar en este expediente administrativo independiente.
Finalmente, existe un tercer procedimiento derivado de una denuncia por presunto hostigamiento. La trabajadora municipal puso en conocimiento de la Guardia Civil una serie de ataques, insultos y amenazas recibidos a través de redes sociales y mediante la distribución de pasquines en el municipio tras hacerse pública la investigación contra el alcalde. Estos hechos, que incluyen mensajes vejatorios atribuidos a personas del entorno político local, se tramitan de manera separada a la causa principal por delitos sexuales que ahora asume el juzgado de Alzira.
