La Policía Canaria investiga a una residencia en Tenerife por la instalación de cámaras en dormitorios sin consentimiento

El Cuerpo General de la Policía Canaria ha iniciado una investigación formal contra la dirección de un centro privado de mayores en la isla de Tenerife tras detectar la presencia de cámaras de videovigilancia en los dormitorios de los residentes. Según el informe policial, no existe constancia documental de que los usuarios hubieran otorgado su consentimiento ni de que hubieran sido informados previamente sobre la monitorización de estas estancias privadas.

Las pesquisas policiales señalan que los dispositivos instalados permitían la vigilancia de actividades de la vida diaria en espacios que gozan de especial protección legal. Esta circunstancia, según han advertido las autoridades autonómicas, podría suponer una vulneración del derecho constitucional a la intimidad y, eventualmente, ser constitutiva de una infracción penal o administrativa, dadas las circunstancias de especial vulnerabilidad de los residentes.

Durante la inspección de las instalaciones, los agentes de la Policía Autonómica comprobaron que la dirección del establecimiento carecía de la documentación preceptiva que acreditara el consentimiento expreso de los usuarios o de sus representantes legales. Asimismo, se constató el incumplimiento del deber de información sobre el uso y la ubicación de estos dispositivos en los espacios de descanso y pernoctación.

Esta actuación se desarrolla en el marco del acuerdo de colaboración vigente entre la Consejería de Presidencia, Seguridad y Administraciones Públicas y la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias. Dicho convenio faculta al cuerpo policial para participar activamente en las labores de inspección técnica de los centros y servicios sociales de la comunidad autónoma.

El objetivo de estas labores de supervisión, que afectan a centros residenciales y de estancias diurnas o nocturnas para personas en situación de dependencia, es asegurar el cumplimiento estricto de los derechos y garantías de los usuarios. Las autoridades han reafirmado su compromiso con la vigilancia permanente de estos recursos para garantizar que el cuidado de las personas mayores y con discapacidad se realice bajo el máximo respeto a su dignidad y privacidad.