Cultura investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de las ayudas a la creación del cómic

El Ministerio de Cultura ha iniciado una investigación interna tras la recepción de una denuncia particular que señala posibles casos de nepotismo en la concesión de las Ayudas a la Creación del Cómic. Las pesquisas institucionales se centran en esclarecer si existieron vínculos personales o profesionales no declarados entre miembros del jurado y varios de los beneficiarios de las subvenciones, lo que podría haber vulnerado los principios de imparcialidad y objetividad que rigen la administración pública.

La investigación afecta a la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, encabezada por María José Gálvez, quien presidió el jurado, y al vocal Juan Díaz Canales, reconocido autor y Premio Nacional del Cómic en 2014. Según la documentación que obra en poder del departamento dirigido por Ernest Urtasun, se habrían detectado adjudicaciones de cuantía máxima —fijada en 15.000 euros— a personas estrechamente vinculadas con los evaluadores, tanto en el ámbito de la representación sectorial como en el círculo de amistades personales.

El foco de la controversia recae en la relación entre el vocal Díaz Canales y la beneficiaria Verónica Álvarez, representante de un colectivo profesional con presencia en la Sectorial del Cómic. La denuncia sostiene que el vocal debió abstenerse de intervenir en la evaluación de dicha candidatura debido a su pertenencia compartida a este grupo de interés y a la relación de servicio existente. Asimismo, se cuestiona la objetividad del proceso al constatar que la Dirección General mantiene una interlocución institucional frecuente con las beneficiarias para el diseño de políticas del sector.

Ante estos indicios, las denuncias interpuestas ante el Ministerio solicitan formalmente una auditoría integral que incluya la revisión de las actas de deliberación y el desglose de las puntuaciones individuales otorgadas por el jurado. Se pretende determinar si los responsables del proceso cumplieron con la obligación legal de ausentarse durante el análisis de expedientes que presentaran conflictos de interés, garantizando así que los fondos públicos no hayan sido desviados de forma arbitraria hacia redes de influencia.

La situación genera una especial complejidad para el Ministerio de Cultura, dado que la resolución de este expediente coincide con la inminente publicación de la nueva convocatoria de ayudas y la celebración de eventos de relevancia internacional para el sector, como el festival Cómic Barcelona. Hasta el momento, el gabinete ministerial se ha comprometido a revisar los procedimientos administrativos para asegurar la transparencia de una línea de subvenciones que el propio ministro Urtasun ha defendido como estratégica para el auge del cómic en España.

Por su parte, la revisión de oficio de las actas busca restablecer la apariencia de imparcialidad exigida a los altos cargos y expertos encargados de gestionar presupuestos públicos, en un proceso donde las solicitudes, por su naturaleza técnica y artística, no eran anónimas, lo que incrementaba la responsabilidad ética de los miembros del tribunal evaluador.