La Fiscalía Europea y la UCO intensifican la investigación en ADIF tras los accidentes ferroviarios

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Europea han intensificado sus actuaciones en la sede de ADIF y diversas provincias españolas en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en contratos públicos y fondos comunitarios. Estas diligencias, que han derivado en seis detenciones, coinciden con la crisis interna en el Ejecutivo tras la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes, motivada por el accidente ferroviario de Urda (Toledo), donde fallecieron 69 personas.

Las intervenciones policiales, coordinadas por el juzgado de la Audiencia Nacional que instruye el denominado «caso Koldo» y el organismo comunitario, se centran en el presunto cobro de comisiones ilícitas a cambio de adjudicaciones públicas. Entre los seis detenidos se encuentran Andrea de la Torre, vinculada al exministro José Luis Ábalos, y el empresario Cristian Corvillo. Los investigadores sospechan que la existencia de bajas temerarias en las licitaciones y un mantenimiento técnico deficitario podrían haber comprometido la seguridad de la infraestructura, vinculando estas prácticas con los siniestros de Urda y Adamuz.

La Fiscalía Europea ha abierto de oficio un procedimiento para determinar si hubo fraude en el uso de fondos de la Unión Europea destinados a la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Esta decisión se suma a la investigación ya iniciada tras el accidente de Adamuz (Córdoba) el pasado mes de enero, que se saldó con 46 víctimas mortales. Los agentes han requerido cuantiosa documentación tanto en la sede de la empresa pública ADIF como en la de la constructora Azvi por orden del juez Ismael Moreno.

En el plano político, la situación ha generado una honda preocupación en las filas del PSOE ante la proximidad de las elecciones generales del 29 de noviembre. Dirigentes de la formación admiten que la coincidencia de las investigaciones judiciales con los accidentes ferroviarios dificulta la estrategia de campaña diseñada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Fuentes internas reconocen que el impacto de estas revelaciones compromete las expectativas de remontada frente a los sondeos, que actualmente otorgan mayoría a los grupos de la oposición.

La dimisión de Óscar Puente, formalizada el pasado martes tras comparecer ante la Diputación Permanente del Congreso, se produjo bajo una fuerte presión parlamentaria. Aunque el exministro defendió su gestión, calificó su salida como un ejercicio de «dignidad política» ante la gravedad de los accidentes ocurridos en menos de un año. Desde el Gobierno se intenta ahora contraponer la rapidez en la asunción de responsabilidades de Puente con la gestión de otras crisis autonómicas previas, buscando diferenciar su actuación institucional frente a la de otras administraciones.

El escenario electoral se presenta incierto para los socios de la coalición gubernamental, quienes se vieron obligados a articular una plataforma conjunta, el Frente Amplio, tras el adelanto de los comicios. Mientras el Partido Socialista centraba inicialmente su mensaje en políticas de vivienda y avances sociales, el foco mediático y judicial se desplaza ahora hacia la gestión de las carteras de Transportes durante las etapas de Ábalos y Puente, así como hacia el entorno de los exsecretarios de Organización del partido.