Un juzgado de Madrid condena a Ione Belarra a indemnizar con 9.000 euros al exjuez García-Castellón

La sección civil del juzgado de instancia número 45 de Madrid ha condenado a la secretaria general de Podemos y diputada en el Congreso, Ione Belarra, al pago de 9.000 euros en concepto de indemnización por daños morales al magistrado jubilado Manuel García-Castellón. La sentencia judicial considera probado que las manifestaciones vertidas por la parlamentaria en la red social X, en las que calificó al juez de «corrupto», constituyeron una intromisión ilegítima en su derecho al honor.

El fallo emitido por el tribunal madrileño estima de forma parcial la demanda interpuesta por el magistrado, quien solicitaba inicialmente una compensación de 350.000 euros. No obstante, el juez encargado del caso ha determinado que la cuantía de 9.000 euros es la proporcionada para resarcir el daño moral generado por las publicaciones realizadas durante el año 2024.

Además de la sanción económica, la resolución judicial impone a Belarra la obligación de difundir el contenido de la sentencia a través de su perfil oficial en la red social X, plataforma donde se produjeron las declaraciones objeto de la demanda. En caso de no ser posible, la publicación deberá realizarse en un medio de difusión con características y alcance similares al original.

Los hechos se remontan a las críticas publicadas por la secretaria general de Podemos en relación con la actividad jurisdiccional de García-Castellón en la Audiencia Nacional. El tribunal ha subrayado en su argumentación que el empleo de términos como «corrupto» excede los límites de la crítica política y del derecho a la libertad de expresión, afectando directamente al prestigio profesional y personal del entonces magistrado en ejercicio.

Esta sentencia se produce en un contexto de recurrente debate parlamentario y social sobre los límites de las declaraciones de los representantes públicos hacia los miembros del Poder Judicial. La resolución es susceptible de recurso por las partes ante las instancias superiores conforme a la normativa procesal vigente.