Irán condena a muerte a 106 detenidos tras las protestas políticas de enero
La organización no gubernamental Hengaw, con sede en Noruega, ha informado que las autoridades de Irán han dictado sentencias de muerte contra 106 personas vinculadas a las protestas políticas ocurridas el pasado mes de enero. Según los datos recopilados por el Centro de Estadística y Documentación de la entidad, 35 de estas ejecuciones ya se han llevado a cabo, mientras que otras 63 personas enfrentan un riesgo grave e inminente de ser ejecutadas.
El informe especial, presentado este 10 de octubre con motivo del Día Mundial contra la Pena de Muerte, indica que ocho de las condenas inicialmente impuestas han sido anuladas tras procesos de revisión judicial. Los datos presentados por la organización independiente incluyen información verificada hasta el 9 de octubre de 2026 y detallan tanto los procedimientos judiciales como la situación actual de los casos derivados de las movilizaciones ciudadanas.
Las protestas de principios de año, que exigían reformas estructurales en la República Islámica, fueron contenidas mediante operativos de seguridad que arrojaron saldos de víctimas discrepantes. Fuentes oficiales iraníes sitúan el número de fallecidos en 3.117 personas, mientras que organizaciones de derechos humanos como HRANA, radicada en Estados Unidos, elevan la cifra de muertes a más de 7.000 durante la represión de las manifestaciones.
Irán se mantiene como uno de los países con mayor índice de aplicaciones de la pena capital a nivel global. De acuerdo con registros de Amnistía Internacional, durante el año 2025 las autoridades ejecutaron al menos a 2.159 personas. Esta cifra supone más del doble de las registradas en el periodo anual anterior y representa el volumen de ejecuciones más alto documentado en el país desde el año 1981.
El balance actual de Hengaw pone de manifiesto la continuidad en el uso de la sanción máxima tras el sofocamiento de las protestas, en un contexto donde los organismos internacionales de supervisión de derechos humanos denuncian la falta de garantías procesales y la celeridad en la ejecución de las sentencias vinculadas a delitos de carácter político.
